Autor: M.C. y H. Oswaldo Rodríguez Amaya
Cada año, en cada uno de los Estados al momento de realizar un proceso electoral se ingresa en un periodo de veda electoral, sin embargo, esta está llena de vacíos jurídicos que solo han sido resueltos por la institución electoral al momento de establecer un medio de impugnación, lo anterior, sobre todo, por que el constituyente federal no ha emitido la redacción de una Ley de Propaganda Electoral.
Lo anterior imposibilita las acciones de comunicar por parte de los gobiernos, independientemente si es un ámbito local o en un amito federal, sin embargo, intenta evitar la participación de instituciones gubernamentales en los procesos electorales, como fue lo establecido por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, quien, por ejemplo, el año pasado aprobó medidas cautelares para ordenar al Primer Mandatario abstenerse de incluir en el proceso de revocación de mandato como lo habría hecho en dos ocasiones en sus entrevistas mañaneras y que a la letra decía: “Se ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador, se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar las manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la figura de Revocación de Mandato, o cualquier información que pudiera influir en las preferencias respecto a su participación en la Revocación de Mandato”.
En este sentido, pudiera considerarse como un acierto el hecho que se limiten las acciones de los gobiernos o de sus representantes para mantenerse “al margen” en los procesos electorales y es que, por ejemplo, durante décadas los gobiernos siguieron comunicando sus acciones en los procesos electorales o incluso, condicionando sus apoyos a la ciudadanía ante la continuidad de los gobiernos.
Con base en lo anterior, seguramente durante los próximos días seguiremos observando como algunos gobiernos limitan sus acciones y cancelan eventos públicos, como el caso del presidente de la República, quien durante el pasado fin de semana, decidió convertir su agenda pública en agenda privada, solo para no tener problemas con la autoridad electoral, aunque también recordemos que el presidente seguramente no querrá exponerse a nuevas criticas sobre todo por el conflicto que mantiene con el Instituto Nacional Electoral por la falta de presupuesto y segundo por presuntos actos de corrupción derivados del actuar familiar, los dos anteriores frente a una consulta ciudadana de revocación de mandato.
Recordemos que para enero del 2022, la evaluación promedio registrada por Mitofsky muestra que el presidente bajó dos puntos porcentuales en un mes la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su desaprobación entre los mexicanos creció, respecto al mes previo, al pasar de 34% a 36%, teniendo en cuenta que quienes mayormente desaprueban al presidente son los ciudadanos que tienen un nivel universitario y más, quienes representan el 57%, así como lo que cuentan con un nivel de estudios hasta preparatoria.
En este mismo sentido, en la aprobación semana de AMLO, de la misma casa consultora, establece que, mientras a principio de año, es decir, el 2 de enero, la aprobación de AMLO era del 64.2%, al 20 de febrero es del 59.8%, lo que representa que, prácticamente en casi más de dos meses su aprobación ha caído un 4.4%, lo que si representan un decrecimiento importante a como se basa la imagen del presidente.
Definitivamente, para algunos personajes de la vida política de nuestro país, las vedas electorales los perjudican, sin embargo, para otros, estas acciones preventivas, suelen caerles “como anillo al dedo”. Al tiempo.
