La empresa Next Energy y el Gobierno de Baja California están en un lío legal, ya que este último investiga a servidores públicos que otorgaron un contrato para construir y operar una planta de generación de energía fotovoltaica pues asumieron facultades que le competen al gobierno federal, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La Comisión Reguladora de Energía negó los permisos para dicha planta por lo que no hay forma de que entre en funciones. Así lo dio a conocer, al ser cuestionada sobre esta planta y el rechazo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de otorgarle la concesión de esta planta proyectada a instalarse en el Valle de Mexicali.
El secretario de Hacienda, Marco Mexia, sostuvo que investiga las irregularidades que dieron lugar a un proyecto lesivo para las finanzas públicas para seguir de cerca el factor de riesgo.
Moreno Mexia indicó que se conformó un equipo jurídico específicamente para este asunto.
La planta fotovoltaica fue un proyecto promovido por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez quien otorgó un contrato de 30 años de vigencia a la empresa Next Energy.
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La Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó los permisos para dicha planta por lo que no hay forma de que entre en funciones.
“Vamos a marcar la ruta para rescindir el contrato, pues los permisos no son asuntos municipal ni estatal. Se van a presentar recursos jurídicos y legales que correspondan para que no afecte al patrimonio Baja California”, dijo
Y señaló que la planta de generación de energía fotovoltaica que se construye en Puerto Peñasco, Sonora, va ayudar a Baja California en la conectividad con la Red Nacional Eléctrica. Se trabaja en esta ruta y beneficiará al sistema de energía, precisó.
Entre las cláusulas del contrato firmado en 2020 por el exgobernador Jaime Bonilla se señala que en caso de una cancelación gubernamental se debe otorgar un pago a la empresa de 5 mil millones de pesos. En mayo de 2021, Bonilla colocó la primera piedra de esta obra que generaría energía para la operación del Acueducto Rio Colorado-Tijuana que suministra agua a las ciudades de Zona Costa, cuya facturación es de 100 millones de pesos mensuales.
Este proyecto promovido por Bonilla Valdez carece de permisos de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de México.
El Consejo Consultivo de la CRE determinó el 25 de de febrero la improcedencia de este contrato por carecer de facultades para otorgar concesiones, las cuales on exclusivas del Gobierno federal.
En abril de 2020, Bonilla canceló un primer contrato de suministro de energía eléctrica al acueducto a la empresa Sumex, quien presentó una demanda por incumplimiento unilateral y se encuentra en tribunales; en su lugar, contrató a la empresa Orca pero también canceló sus servicios.
Ante estas decisiones, la Comisión Federal de Electricidad intervino para dar servicio eléctrico al acueducto que suministra agua a 3 millones de bajacalifornianos, a través del servicio de suministro de último recurso, ya que el Rio Colorado es la principal fuente de abastecimiento. Por ello, la administración estatal de Bonilla Valdez generó una deuda con la paraestatal que se vio obligada a adquirir el fluido a precios en el mercado, superiores a los contratados.
El articulo 57 de la Ley de la Industria Eléctrica señala que no exista un permisionario para proveer de energía a una zona geográfica la CFE debe ofrecer el servicio en la modalidad del Suministro de Último Recurso..
