Los tiempos de pandemia Covid-19 obligo al Senado a revolucionar su forma de proteccion digital, adquiriendo asi un escudo de 102.6 millones de pesos para evitar que los hackers “secuestren” documentos y datos personales, intenten extorsionar a sus 7 mil empleados y 128 senadores, boicoteen sus sesiones a distancia o tiren su página web con los 180 mil ataques mensuales que le hacen.
En los últimos 18 meses han intentado ingresar para secuestrar documentos y datos personales de empleados y legisladores federales, a fin de pedir dinero por liberarlos, en una acción similar a las ocurridas en Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Función Pública.
Tan sólo en septiembre de 2021 se registraron 3 mil 800 intentos de esta modalidad de extorsión, que fueron exitosamente detenidos, aunque sólo 80 lograron colarse para amedrentar al usuario del correo institucional del Senado, pero fue posible evitar mayor daño, al actuarse a tiempo.
De acuerdo con información proporcionada por el Senado, a petición de Excélsior, los intentos de vulnerar los sistemas digitales de la institución incluyen un promedio de, al menos, 180 mil ataques mensuales para tirar la página web, pero el sistema de protección adquirido ha evitado que el Senado sea presa de estos delincuentes cibernéticos.
Al ser cada vez más digital, el Senado tiene en su resguardo datos personales altamente sensibles, como huellas digitales, firmas, declaraciones patrimoniales, nóminas, direcciones y otros que forman parte de la información de sus cerca de siete mil empleados y 128 legisladores.
Los reportes de gastos al inicio de 2020, cuando la pandemia comenzó en México, revelan que el Senado pagó un total de 6 millones 558 mil 872 pesos para la ciberseguridad que requería para ese año.
Sin embargo, en la medida que avanzaron los meses y el trabajo virtual o a distancia fue parte de sus necesidades básicas como trabajo legislativo y parlamentario, debió incrementar la seguridad de sus sistemas, por lo que elevó su gasto en ciberseguridad a 19 millones 998 mil 516 pesos en ese mismo año.
Pero además, tuvo que comprar un Servicio de Análisis de Vulnerabilidades Operativas de Ciberseguridad, que le costó 69 millones de pesos, ya con el impuesto incluido y que es precisamente el que le permite detectar los intentos de extorsión y de secuestro de documentos.
Ya con los diversos mecanismos permanentes que le permiten enfrentar ese acoso cibernético, en 2021 gastó 13 millones 625 mil 708 pesos para garantizar que no se ponga en riesgo la información de datos personales de alta sensibilidad, como lo ocurrido con la Secretaría de la Función Pública, a la cual le secuestraron las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, en los meses de mayo y junio de 2020, y sobre el cual se pronunció el Inai en diciembre de ese mismo año.
De acuerdo con la información institucional, el Senado de la República considera que la inversión realizada para construir este escudo contra los ataques cibernéticos es positiva, porque es mucho mayor el costo que implica ser vencido por los hackers.
