El debate tiene los ánimos muy encendidos. Muchas voces alarmando sobre los riesgos de la Reforma Eléctrica. Entonces ¿en qué sustenta el gobierno sus argumentos? Si hay abusos y contratos leoninos, ¿por qué no hay denuncias judiciales? O negociación para que las condiciones convengan al país?
El historial es largo. Luis Téllez, secretario de Energía zedillista y presidente de la Bolsa de Valores en el calderonismo, se convirtió en consejero de fondos de inversión en energía como KKR y Sempra Energy. Grandes fondos estadounidenses tienen el doble interés de la generación y la construcción de infraestructura, que ven amenazado con la posible reforma eléctrica. Iberdrola, una de las grandes beneficiarias de la reforma de 2013, solo genera el 10 por ciento de su electricidad en México con energías limpias.
En España, de donde es esa empresa, el encarecimiento desbordado de la electricidad tiene que ver con la escasez cada vez mayor de los derechos de emisión de CO2 que los generadores prefieren pagar y repercutir al consumidor en vez de producir cada vez más con energías renovables, además del precio actualmente tan caro del gas natural en esa parte del planeta.
En México, el asunto tiene mucho más fondo. Poniendo El Dedo en la Llaga, el director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Vielmas, explica puntualmente. Dos de los esquemas predominantes de generación eléctrica están plagados de irregularidades.
El de productores independientes que le venden a la CFE, representa el 31 por ciento de la electricidad que se produce en el país. Los contratos se firmaron en dólares, dejando al Estado el riesgo cambiario. Ya en la mano, los beneficiarios se encontraron con que el aval de la CFE les daba acceso a financiamientos con tasas del 5 por ciento en promedio, pero se lo cargaban en 12 por ciento, volviéndolos tan caros que cada central se pagó entre tres y cuatro veces, y al final no quedaba en manos de la empresa pública.
El esquema de autoabasto representa el 12 por ciento del mercado. Grandes empresas industriales instalaron sus propias centrales generadoras. En 2010 la autoridad les regaló prácticamente el uso usar la red de transmisión para llevar su electricidad a los lugares donde la ocupan. Ese ahorro abrió un mercado negro. Ahora venden parte de su electricidad más barata a otras empresas, como cadenas de tiendas y supermercados. Eso es ilegal, pero de nuevo con el
contubernio de funcionarios, encontraron un legalismo: no es un servicio público sino una transacción de privado a privado.
Con la reforma de 2013, esos dos esquemas recibieron protección adicional. En el caso del autoabasto, tienen prioridad de acceso a la red de transmisión. En cuanto a los generadores independientes, las centrales que construyan pueden hacer ofertas de costos siempre como si fueran nuevas y eficientes, aunque dejen de serlo.
Hay más. Los contratos para la construcción de gasoductos son por una inversión original de 12 mil millones de pesos, pero con los intereses abusivos van a terminar costando más de 60 mil millones. ¿A dónde irían esos gasoductos? A 14 centrales eléctricas de la CFE que al menos hasta ahora ni siquiera existen. Eso sí, pasando cerca de las centrales de generadores privados.
Argumentos técnicos y financieros para sumar a la discusión. Sí, se necesita una reforma eléctrica.
