Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex, una compañía propiedad de Citi.
“(Banco Nacional de México, integrante de Grupo Financiero Banamex, debe abstenerse) se abstenga a realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”, dice Mario Salgado Hernández, juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México.
Grupo Financiero Banamex debe garantizar el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la Ley hasta por 5 mil 200 millones de dólares o su equivalente en pesos, según el mandato judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México en poder de Forbes México.
El juez solicitó a Banco Nacional de México (Banamex) se abstenga de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo Mexicana.
El pleito legal, que hoy frena cualquier operación de venta de la filial de Citi, inicia con una denuncia presentada por Citibanamex el 28 de febrero del 2014 ante la Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía General de la República (FGR).
El 11 de enero de 2022, la institución financiera estadounidense Citi, matriz de Citibanamex, dio a conocer que tiene la intención de salir de las operaciones de banca de consumo y empresarial en México, aunque continuaría operando su Negocio de Clientes Institucionales (ICG) con una licencia bancaria local.
De acuerdo con su directora ejecutiva, Jane Fraser, la decisión de salir de estos negocios está alineada a los principios de su nueva visión estratégica del banco, la cual les permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales sus fortalezas, así como a sus ventajas competitivas.
“México es un mercado prioritario para Citi, eso no va a cambiar. Anticipamos que México será un destino muy importante de inversión global y de flujos comerciales en los siguientes años y tenemos confianza en la trayectoria del país”, afirmó la directiva del banco estadounidense.
La FGR sin tener pruebas, ni la correspondiente orden judicial, aseguró sus activos de Oceanografía, que fue fundada el 5 de julio de 1968 y se convirtió en la principal empresa dedicada a la industria naviera en América Latina, dice Jorge Bentancourt, apoderado legal de la naviera mexicana.
El abogado de la empresa mexicana dice que una de las causas por las que Oceanografía fue intervenida de manera ilegal fue por la inhabilitación decretada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 11 de febrero del 2014.
La inhabilitación de Oceanografía fue solicitada sin sustento legal por el Órgano Interno de Control (OIC) de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien argumentó la existencia de documentación falsa: “Hechos que a la fecha no han podido comprobarse en el juicio que con esa causa se sigue; por el contrario, se ha podido demostrar la legal autenticidad de los documentos cuestionados; por lo que, el día 25 de mayo de 2015, el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó un amparo a favor de Oceanografía”.
El amparo entregado por el Poder Judicial de la Federación determinó que la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública había sido ilegal, manifiesta Jorge Bentancour.
En una nota informativa de Oceanografía, el defensor manifiesta que hubo una extorsión ejercida por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien pretendía que se le entregaran el 90 por ciento de las acciones de la naviera mediante un contrato.
Al momento en la empresa fue intervenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) o Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), contaba con 11 mil trabajadores en plantilla, 100 embarcaciones y un remanente de contratos por ejercer de 960 millones de dólares, así como tenía además 42 contratos activos con Pemex con un valor de trabajos por ejecutar por 4 mil 600 millones de pesos, más 576 millones de dólares.
“La pérdida de valor de la empresa se dio tanto por las actuaciones de Banamex como por la mala administración ejercida por el administrador designado por el SAE, Luis Alfonso Maza Urueta, impuesto por Emilio Lozoya”, expone el abogado de Oceanografía.
Los directivos de Banamex n y empleados de Pemex tomaron acciones para rescindir los contratos vigentes con la petrolera, así como desintegrar los activos de Oceanografía para que fueran entregados a competidores como las embarcaciones Osa Goliath, Caballo Maya, Caballo Marango” y la entrega de toda la flota de Rabobank a terceros, agrega Jorge Bentancourt.
“Además de la realización de activos no reportados de maquinaria y equipo, y la venta del equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro, recursos cuyo destino se desconoce, ya que no entraron a la caja de Oceanografía ni fueron reportados al momento de la entrega de la empresa. Derivado de estos lamentables hechos, la empresa fue llevada a la quiebra por estos actores”, expresa.
Afortunadamente, con el apoyo de sus acreedores, la empresa salió de la quiebra en enero del 2018, y el valor actual de Oceanografía es muy diferente al del 2013, hablamos de una pérdida de mil millones de dólares, añade.
A partir de que la empresa fue asegurada, y hasta hoy —8 años después—, Banamex no ha logrado demostrar la deuda que reclamó inicialmente, asevera el abogado de Oceanografía.
