Por Pablo Basáñez García
Con el arranque del año 2022 también inician en el Estado de México, la entidad más poblada del país con cerca de 17 millones de habitantes, las nuevas administraciones locales de 125 municipios. Pasada la euforia de los triunfos y derrotas electorales e incluso concluida la fase de impugnaciones que, como dato sobresaliente, terminó de resolverse hasta el mismo 30 de enero de 2021 con el caso de Coacalco, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rectificara la sentencia de la Sala Regional de Toluca, devolviendo de esta forma la constancia de mayoría al Candidato de la Coalición “Va por el Estado de México”, viene ahora la etapa de enfrentarse a la realidad que viven las administraciones municipales.
Algunos medios de comunicación han dado cuenta ya de la difícil situación de los municipios mexiquenses. De acuerdo con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) solo para el ejercicio fiscal 2019, los 125 ayuntamientos mexiquenses y sus entes locales como organismos del agua, DIF e institutos del deporte sumaron una deuda a largo y corto plazo por 27 mil 688 millones de pesos.
Asimismo, de acuerdo con legisladores locales, en el Valle de Toluca los municipios más endeudados son Toluca, Metepec, Zinacantepec y Lerma. En el Valle de México, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Coacalco, Chimalhuacán y Ecatepec, los que se encuentran en problemas desastrosos, producto de los cuantiosos laudos laborales.
Por su parte la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM), señaló que los 20 municipios más grandes de la entidad deben más de cuatro mil millones de pesos a proveedores privados.
Sin duda, los casos más notorios de las crisis en las arcas municipales los representan Naucalpan y Toluca, en los que el retraso en los pagos a los trabajadores municipales por casi 5 meses en algunos casos ha llevado a esas ciudades a observar constantes manifestaciones de personal sindicalizado, policías y bomberos, entre otros.
Como podemos observar, el escenario es complejo y se acrecienta también por la disminución de recursos a la entidad mexiquense, destinados al Estado y a los municipios, estimados en 4,400 millones de pesos, por la modificación a los criterios de cálculo poblacional, base para la asignación presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.
La respuesta de las nuevas autoridades no podrá sólo referirse a las anteriores administraciones y sus notorios fracasos. No, eso ya lo sabían desde que quisieron ser candidatos de sus respectivos partidos políticos. Echar culpas a los predecesores puede ser una estrategia de narrativa de corto plazo, pero, en todo caso, insuficiente. Es justamente por esas condiciones que los ciudadanos dieron una vuelta de página a muchos gobiernos, exigiendo se atienda, ante todo, el reclamo ciudadano por la creciente inseguridad de la que son victima los ciudadanos mexiquenses y que a diario deteriora y mucho, su calidad de vida.
Ante esta realidad de finanzas comprometidas, ¿cómo responder a las expectativas ciudadanas y conformar un buen gobierno que dé seguridad a sus habitantes?
En esta columna hemos señalado que los municipios con mayor innovación, creatividad, transparencia y manejo sano de sus finanzas los que puedan responder a la confianza de sus vecinos.
En tal sentido, resalta el compromiso que municipios del Valle de México como Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Nicolás Romero, han formulado para atender el grave problema de la inseguridad pública con una visión metropolitana.
Lograr un municipio seguro requiere un esfuerzo de gobernanza metropolitana que implica la concertación entre actores públicos, sociales y privados, así como la actuación de distintas ciudades y órdenes de gobierno para coordinar los grandes proyectos y estrategias necesarias para el rediseño exitoso en la prestación eficaz del servicio de seguridad pública.
Pero no solo se trata de la actuación de las corporaciones policiacas, sino del rescate del espacio público, la incorporación de la participación ciudadana en la prevención del delito y la colaboración regional que propicie, a través del diálogo colaborativo, verdaderos acuerdos en la materia.
Ante la escasez presupuestal, el asociacionismo municipal, previsto en nuestra Constitución, debe volverse estrategia e instrumento de coordinación eficaz. Dejar de ver los problemas en forma aislada para entrar a una respuesta que implique una verdadera conjunción de actores y suma de voluntades y por supuesto, de recursos.
La iniciativa de conformar una policía metropolitana que atienda en las zonas limítrofes de los municipios la incidencia delictiva mas lacerante como el robo en transporte público, los asaltos en la vía públicos y los robos a vehículos particulares, se antoja no sólo necesaria sino urgente. La voluntad es parte fundamental para logarlo; si bien los retos son colosales, la posibilidad de hacerlo se encuentra a la mano.
[i] Doctor en Administración Pública. Analista de temas municipales, de ciudad y gobernanza metropolitana.
