El combate a la impunidad y el derecho al debido proceso parecen ser, comúnmente, dos visiones enfrentadas cuando se trata de justicia. Por un lado, delitos que no disminuyen, asesinatos de todo tipo en aumento y delincuentes sueltos en las calles. Por otro, una alta proporción de presos sin una sentencia, con su derecho a la presunción de inocencia coartado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha discutido recientemente diversas resoluciones que van al fondo del asunto. En octubre declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, es decir automática, para los delitos fiscales y el contrabando. En estos casos, el encarcelamiento sin sentencia puede darse únicamente si el ministerio público lo justifica y un juez determina que es necesario.
Mientras más larga es la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa, más amplia la posibilidad de inocentes presos y delincuentes libres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, del Inegi, de las 220.5 mil personas encarceladas que hay en el país, el 30 por ciento lo está sin una sentencia dictada. Más aún, esa proporción se hace más evidente según el género: en el caso de los hombres es el 26.7 por ciento, pero en el de las mujeres se dispara hasta el 46.1. ¿Cuánto tiempo pasan así? Como referencia, el 23.9 por ciento de los ya sentenciados pasaron presos más de dos años antes de la resolución y el 23.5 seis meses o menos.
Más aún, para que haya un debido proceso, lo primero que debe haber es un proceso, pero en la gran mayoría de los casos es el primer ausente. De nuevo recurriendo a las cifras oficiales, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 devela que en el 93.3 por ciento de los delitos, los afectados no denuncian fundamentalmente por causas atribuibles a las
autoridades: en el 33.9 por ciento de las ocasiones, las víctimas lo consideran una pérdida de tiempo y en el 14.2 no confían en que se haga justicia. Si a eso se agrega que la impunidad da poder al delincuente para obtener venganza, la bola de nieve se hace cada vez más grande. ¿Está documentada la desconfianza ciudadana? De hecho, sí. Más números: la Encuesta Nacional de Cultura Cívica más reciente dice que 34 de cada 100 mexicanos no tienen confianza alguna en la policía y solo 4 de cada 100 sí creen bastante en ella. En el caso de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, sin embargo, el voto de mucha confianza crece hasta a 23 de cada 100 personas.
Con respecto a los jueces, sin embargo, 21 de cada 100 no creen para nada en ellos y únicamente 6 de cada 100 les otorgan mucha credibilidad.
El problema es que no puede haber debido proceso si los ciudadanos tienen esa percepción de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Basados en literatura especializada, podemos definir el concepto del debido proceso como el que se sustancia en un procedimiento legal y lógico ante un juez natural, es decir el idóneo de acuerdo con la materia, imparcial, frente a quien las partes en litigio ejercen su derecho de argumentar en igualdad jurídica, y concluye con una sentencia fundamentada en el derecho emitida en un tiempo razonable.
Más allá de lo lejano de ese ideal, el prestigio del sistema de justicia es otro obstáculo. Cuando en un estado como Veracruz, con graves problemas de inseguridad y fosas clandestinas, las noticias son sobre un funcionario del Senado mexicano detenido mediante un presunto uso faccioso del poder, la legitimidad sale por la ventana. El gobernador y la fiscalía estatal tienen la tarea de aclarar la situación legal de José Manuel del Río Virgen y garantizar públicamente justo el debido proceso propio de un estado de derecho.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
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@ADRIDELGADORUIZ
