Queda claro que encarcelar a muchas personas no es una solución de fondo, y menos sin resolver las fallas del sistema
Si la SCJN no hubiese determinado sacar los delitos fiscales de la lista de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, la situación, de por sí caótica de las cárceles mexicanas, sería peor. La Reforma Judicial de 2014 había reducido drásticamente el número de delitos que la contemplan, pero en 2019 se aumentaron de nuevo a casi el doble.
Desde hace cinco años, el número de reos ya era menor a la capacidad instalada, pero ahora la sobrepoblación y el hacinamiento están de vuelta, y se suman a los problemas de corrupción y autogobierno.
El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de octubre reporta 222 mil 959 personas privadas de la libertad, lo que significa una sobrepoblación de 5 mil 917. Además, como los reos no están distribuidos proporcionalmente, de las 288 cárceles, 135 están desbordadas, algunas al punto en que deben dormir por turnos y hasta pagar por el “privilegio” de hacerlo acostados.
En vez de mejorar, la situación empeora. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal más reciente dice que 2020 cerró con 211 mil 169 reos, es decir, en 10 meses se sumaron 11 mil 790, con lo que terminó de rebasarse la capacidad instalada, justo en plena pandemia. Hasta la mitad del año, había 4 mil 388 contagios de COVID-19 y 352 internos fallecidos.
Del total de 222 mil 959 reos, 95 mil 680, es decir, 42.91 por ciento, no están sentenciados y las historias de quienes pasan años y hasta décadas en esa condición son múltiples.
Otro problema muy serio con las prisiones es que terminan convirtiéndose en universidades del crimen.
En la madrugada del 1 de diciembre, el operativo estaba coordinado. Derribaron el portón de la cárcel de Tula usando una camioneta modificada con una placa de metal en el frente, que hizo el papel de tanqueta. Al mismo tiempo, por lo menos dos autos bomba estallaron en las cercanías para crear distracción y caos. El comando armado liberó así a nueve reos.
Esa fuga no es un caso de excepción. En enero de 2020, tres reos ligados al Cártel de Sinaloa escaparon del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En el llamado Culiacanazo de 2019, 51 presos se evadieron del penal de Aguaruto. En 2010, la mayor fuga de reos en México fue de 151, en Nuevo Laredo.
Queda claro que encarcelar a muchas personas no es una solución de fondo y menos sin resolver las fallas del sistema.
En contraposición, ¿funciona la política de prevención del delito en forma de programas sociales? Poniendo el dedo en la llaga, el especialista Alejandro Hope explica por qué no.
La pobreza no es el detonante de la delincuencia: mientras algunas de las regiones más pobres del país son también de las más seguras, en Tijuana, donde no hay problemas de desempleo, o en Guanajuato, con su economía pujante, la violencia está desatada.
“En un país de 130 millones de habitantes, 80 por ciento de los delitos los cometen no más de 120 mil personas”, afirma Hope.
Es ahí a donde hay que voltear para establecer políticas públicas eficaces.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
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@ADRIDELGADORUIZ
