Javier Duarte, exgobernador de Veracruz actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, promovió un nuevo juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión, comparecencia, presentación y localización que se desarrolle.
En la petición de amparo, el exmandatario mencionó como autoridades responsables a jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx).
Antonio González García, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue quien admitió a trámite la demanda y concedió la medida cautelar de suspensión provisional al exfuncionario veracruzano, que desde 2018 se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Cabe destacar que el juzgador fijó el pago de una garantía por 7 mil 500 pesos para hacer efectiva la suspensión provisional, el monto deberá ser cumplido en un plazo no mayor a cinco días. Además, se dejó claro que la medida cautelar otorgada de ninguna forma constituye la concesión de amparo.
También mencionó que cuando las autoridades correspondientes rindan su informe previo y en caso de que alguna acepte haber librado una orden de aprehensión contra Duarte, el exgobernador tendrá que comparecer personalmente ante el Juez ordenador en un plazo de tres días, que se contarán a partir de que se notifique, para que responda a los cargos que se le atribuyen.
En dado caso de que se solicite que los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, la suspensión concedida solamente tendrá por objeto que Duarte quede a disposición del Juez de Amparo por lo que hace a su libertad personal, en la prisión que se señale, y ante las autoridades responsables para que continúe el proceso.
El 18 de mayo de 2020, un Tribunal federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y lavado de dinero, así como el pago de la multa de 58 mil 890 pesos que se le había impuesto desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
En la resolución, Isabel Porras Odriozola, Magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, consideró que los datos de prueba presentados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en su contra fueron suficientes e idóneos. El procedimiento se realizó después de que se admitiera a trámite la apelación del exmandatario veracruzano, con la que pretendía cancelar o reducir su sentencia.
El pasado 26 de septiembre de 2018, Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exfuncionario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarían en su contra. Lo anterior fue posible tras una negociación de Duarte y la PGR.
