Rubén Aguilar Valenzuela
El decreto del presidente López Obrador, publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura que realiza el gobierno federal, es un paso más en una gestión caracterizada por la opacidad y el autoritarismo.
Con esta decisión se esconde, ese es el propósito, cuál es el costo de esas obras y cómo se han manejado los recursos. La opacidad siempre es sinónimo de corrupción. La medida plantea dudas y cuestionamientos. ¿Se quiere proteger evidentes actos de corrupción? ¿Se quiere esconder que los presupuestos iniciales están lejos de lo que en verdad se ha gastado?
El presidente argumenta, en una lógica autoritaria propia de un país bananero, que la medida tiene el propósito de evitar acciones legales, contempladas en la ley, para exigir el cumplimiento de normas, para poner un ejemplo, como cuál es el impacto ambiental de las mismas.
Y todavía va más allá y planta, sin pudor alguno, que la medida se propone evitar las manifestaciones ciudadanas y suspender que se pueda recurrir al amparo, para la suspensión de las obras de infraestructura que impulsa. El decreto se inscribe en la lógica propia no solo de un gobierno autoritarios sino incluso dictatorial que impone el Estado de excepción.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) considera que el decreto viola la Constitución porque impide, entre otras cosas, el derecho al acceso a la información y también elimina el principio de máxima publicidad, por lo que ha decidido presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los constitucionalistas consideran que el decreto atenta abiertamente en contra de la Constitución y es una medida desproporcionada que violenta el Estado de derecho. En su visión éste resulta fácilmente impugnable. La decisión está en manos de la SCJN. Ahora de ella depende hacer valer la Constitución y para eso anular, por inconstitucional, este decreto presidencial.
Lo que el presidente pretende, en su concepción opaca y autoritaria del ejercicio de su mandato, es que en lo que queda del sexenio todos los proyectos y obras de infraestructura que realice el gobierno federal no estarán sujetas a ninguna ley, más que a la voluntad presidencial, y no tendrán que rendir cuentas de sus finanzas. La medida es otorgar una patente de corso al presidente y su gobierno.
Twitter: @RubenAguilar
