José Alberto González Aguilar
@Tobetogonzalez
El acceso a la información es un derecho constitucional, y su ejercicio no debe supeditarse a placer o designio de persona alguna, por eso resulta incongruente, inadmisible además de vergonzosa la última propuesta presidencial relativa a la aprobación en inmediato de sus ideas, proyectos y obras, este hecho denota desesperación, falta de control además de un aberrante autoritarismo, y desde mi muy personal punto de vista es un atentado a la legalidad y a nuestro endeble estado de derecho, al que pone contra la pared aquel que debería de guardarlo y respetarlo.
Y la cosa pinta más o menos así: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” “Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias” un acuerdo, Decreto o instrucción que pondrá en estado de indefensión al ciudadano de a pie, ante una ola de abusos por parte de la autoridad.
Opacidad por Decreto es lo que busca recetarnos el Presidente López Obrador, quien una vez más nos demuestra que lo suyo no es la rendición de cuentas ni la construcción de acuerdos y menos lo es el cumplimiento de obligaciones ni el respeto a la Ley, y también queda develado el enojo causado por el reportaje publicado en una plataforma digital, en el cual se aludía a la corrupción en la asignación de contratos y las pseudo empresas que han sido beneficiadas con jugosos contratos en la emblemática obra del Aeropuerto “Felipe Ángeles” que construye el ejercito mexicano.
Y hablando de respeto y legalidad es doloroso ver como desde el poder gubernamental se vulnera el poder del ciudadano, un poder conquistado y ganado a pulso y con reformas e instituciones que hoy están siendo vapuleadas al amparo de obedecer ciegamente los designios de un hombre, y para muestra dejo una pincelada constitucional, el artículo 134 de nuestra Carta Magna mandata que la contratación de obras debe seguir un proceso legal, con propuestas solventes, esto para no generar corrupción y para proteger al estado mexicano de un daño patrimonial, pero aquí el problema es que el titular de uno de los Poderes, es quien vulnera, violenta y pone en riesgo al propio estado.
Apelar a la seguridad nacional para violar la Constitución es un enorme riesgo que no nos podemos permitir, cada vez que se invoca a este término de seguridad nacional, se debilitan nuestras garantías constitucionales y se vulnera el estado de derecho; México merece más y no debe aceptar menos, y el gobierno debe ser un eje articulador y no un dique destructivo, aunque este rol por desgracia le parece muy cómodo, un rol que desmantela y daña las herramientas de acceso a la información y rendición de cuentas
Aquí sería importante saber sí están en condiciones los otros dos poderes de plantarle cara a las aberraciones jurídicas y reservas corruptas mandatadas por el Titular del Ejecutivo Federal o ya de plano son comparsa del gran daño que se le está infringiendo a nuestra vida institucional. Es de lógica jurídica y de auxilio institucional que los organismos que tienen la facultad de presentar una controversia constitucional hagan valer su derecho y las presenten a la brevedad, no es petición, es una exigencia ante un autoritarismo aberrante que nos lastima a todos los mexicanos.
El punto fino es: Por Decreto todo debe quedar en secreto, así de simple pero así de doloroso, como doloroso y peligroso es el ver a un personaje que se siente y se sabe por encima de la Ley.
