Armando Ríos Piter
Por una #SociedadHorizontal
Debido a que se aceptarán firmas en papel por orden del Tribunal Electoral, el INE modificó la fecha para la consulta de revocación de mandato. En lugar de desarrollarse el 27 de marzo, ahora será el 10 de abril. La pregunta que contendrá la papeleta será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Las respuestas que podrán marcar los ciudadanos son: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “que siga en la Presidencia de la República”.
Desde que el presidente propuso la realización de esta consulta, el tema ha generado una enorme polémica. Hay quienes creen que el único objetivo es “relanzar” a la 4T, de cara a la sucesión presidencial. En este contexto, la coalición opositora “Va por México” presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato por considerarlo un instrumento de “promoción gubernamental”. Por su parte AMLO los ha criticado de “tenerle miedo al pueblo”, razón por la cual pretenden evitar que ésta se realice.
En los últimos días, la manzana de la discordia ha sido el presupuesto destinado a este tema. La cantidad que solicitó el INE para la realización de la consulta fue de 3,830 millones de pesos que serían destinados a la contratación temporal de Supervisores y Capacitadores Electorales, encargados de integrar las 161 mil 490 casillas que se busca instalar. También incluye la producción de material electoral, el traslado de papelería, para pagar una compensación al personal del Instituto derivada de las labores extraordinarias por la carga de trabajo que representará la revocación de mandato, así como un “apoyo” de 500 pesos a cada uno de los 484 mil 470 funcionarios de mesa directiva de casilla, entre otros rubros.
La solicitud del arbitro electoral fue ignorada por el Poder Legislativo. La aplanadora oficial decidió que su presupuesto tendrá 5 mil millones de pesos menos, para quedar con 19,736 millones. Esta situación provocó que el Consejero Electoral Ciro Murayama, haya denunciado que la estrategia del gobierno es “desmantelar al órgano electoral ante las presidenciales de 2024” y que el recorte tiene como objetivo “impedir la organización de la revocación del mandato” para desgastar al INE. También Jaime Rivera, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, quien subrayó que no podrían llevar a cabo los ejercicios de participación ciudadana.
En respuesta, el secretario de Gobernación, Adan Augusto ha señalado que pese al recorte, no debería afectarse la organización de la revocación de mandato pues “el INE tiene fondos en unos fideicomisos como para invertir en el ejercicio”. Incluso Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro subrayó que dichos fideicomisos alcanzan una cifra de unos 2,500 mdps.
Por lo pronto, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha críticado la posición que han asumido los funcionarios del INE. En un evento sobre transparencia, subrayó, “cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que se tiene por obligación”. En este contexto, en tanto se reúne el requisito legal del 3% de firmas del listado nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados, el tiempo avanza y la tensión se incrementa.
Lo cierto es que, de cara al fin de sexenio, cada quien buscará imponer su narrativa y jalar agua para su molino. Unos criticarán al INE, otros lo defenderán, unos avalarán el ejercicio de revocación, otros lo denostarán. Lo más seguro es que la discusión abonará, como todas las de estos tiempos, al status quo que persiste en el país.
Por esta razón, la #SociedadHorizontal debería evaluar objetivamente qué tan positivo será este ejercicio por sí mismo. Es necesario analizar más allá de los fines corto placistas de la revocación y avanzar en la participación de todos los mexicanos. La toma de decisiones sobre lo que nos aqueja no puede solo ser de unos cuantos. Por encima de la polarización de coyuntura, ésta es una oportunidad para el futuro de nuestra democracia.
