“Está intransitable el camino”, lamentaba recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando acudió a Huayacocotla, Veracruz, para supervisar el avance de los apoyos 40 días después de la devastación que dejó a su paso en agosto el huracán Grace. El ciclón no solo ocasionó los destrozos esperables, sino puso en evidencia las malas condiciones de la infraestructura carretera en el estado.
El presupuesto federal para construcción, mantenimiento y preservación en Veracruz se ha reducido dramáticamente. En 2019 fue de 636.5 millones de pesos y para 2022 se prevé de solo 297.5 millones, casi la misma cantidad que se destinará al Centro SCT del estado para salarios, vehículos, viáticos y otros rubros operativos.
La carretera federal 180, que recorre todo el Golfo de México desde Tampico, Tamaulipas, hasta Puerto Juárez, Quintana Roo, es la columna vertebral que cruza todo lo largo de Veracruz, pero tiene tantos tramos maltrechos que su utilidad está reducida al mínimo.
Aun así, el compromiso del gobierno estatal es que las obras para rehabilitarla comenzarán hasta el próximo año y prevé concluirlas en 2023, particularmente los tramos que conectan el norte con el centro, desde Poza Rica hasta Cardel. Su condición es mucho más grave de lo que parece porque se trata de una vía de comunicación que puede conectar naturalmente con la carretera Panamericana que cruza el continente, con todas las ventajas comerciales que eso puede significar.
Más allá de la falta de mantenimiento a la infraestructura carretera en Veracruz, también están las obras inconclusas. En 2014, la constructora Mota-Engil recibió la concesión para construir la autopista Cardel-Poza Rica, proyectada para terminar en 2018. Solo se terminó el tramo Nautla-Totomoxtle, de 48 kilómetros, inaugurado en ese año y luego el gobierno dejó de pagar su parte. Los 85 kilómetros restantes, de Nautla a Laguna Verde, se quedaron solo en el papel.
La administración federal actual dispuso el reinicio de la construcción como parte de los paquetes de infraestructura que anunció en 2019 y 2020. El propio presidente, López Obrador, visitó el municipio de San Rafael en junio pasado para destrabar un conflicto en que la población impedía la obra en protesta por la ausencia de otras para evitar inundaciones y pérdida de cultivos.
La labor conciliatoria del gobierno tiene que darse también en otros municipios como Actopan, Misantla, Vega de Alatorre, Nautla, Gutiérrez Zamora y Papantla, por donde el trazo de la autopista confinada impedirá el comercio local, las artesanías y el turismo en poblados que de por sí son los más golpeados por los desastres naturales y ya no cuentan con un fondo para enfrentarlos.
Al concretarse la obra, la comunicación entre los puertos de Tampico y Veracruz tendría gran impacto en el comercio internacional del país, pero también hay que invertir fuerte en seguridad dado el embate de los grupos del crimen organizado que mantienen asolada la zona.
Los caminos rurales son otro problema grave en Veracruz, sobre todo los ubicados en el municipio de Alto Lucero, donde se encuentra la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Actopan y otros contemplados en el Programa Emergente Radiológico Externo (PERE) no reciben la atención constante, prometida desde que existe esa instalación de riesgo. La población de todas esas localidades ha denunciado por muchos años que las rutas de evacuación en caso de un accidente en la planta se encuentran en condiciones deplorables.
Resolver el gran problema de los caminos en Veracruz requiere de mucha visión, transparencia e innovación. Es una entidad con gran potencial diluido por un historial político mucho más que lamentable.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ
