Por: Oswaldo Rodríguez Amaya
Durante las últimas semanas, la reforma eléctrica y el presupuesto para los estados en el 2022 ha presionado a los partidos políticos, a través del presidente, para impulsar rompimientos entre la alianza de los partidos del PRI, PAN y PRD, que durante el próximo año tendrá un papel protagónico en la elección a gobernador de seis estados.
Es importante mencionar que, la coyuntura que viven los estados que tendrán un proceso electoral para la designación de sus candidatos a gobernadores deberá de ser posterior a dicha reforma dado que, tanto la alianza, como los posicionamientos que cada uno de los presidentes de los partidos políticos han hecho a nivel nacional, han provocado una serie de especulaciones en el entorno político, sin embargo, el presidente sigue haciendo algo que ha hecho desde el inicio de su gobierno y en lo cual radica marcar una coyuntura política y una división permanente entre la clase política, así como la empresarial.
Es importante mencionar que, de esta forma, algunos partidos se han pronunciado a favor de dicha reforma, sin embargo, ¿Cómo impacta a cada uno de los ciudadanos dichas modificaciones constitucionales?
Para nadie es ajeno que México necesita impulsar una competencia en el mercado eléctrico, y esto no implica un posicionamiento a favor de dicha reforma, sin embargo, es importante conocer ante que escenario nos encontramos. La reforma eléctrica promueve una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, con lo que, según justifican, favorece a la Comisión Federal de Electricidad al limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano.
Sin embargo, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, así mismo daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional, lo que implicaría que, de aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos quienes paguemos el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación. Es importante mencionar que, según el IMCO, la misma reforma propone revertir la apertura del sector eléctrico al garantizar el 54% de participación de mercado de generación eléctrica a la CFE a costa de la inversión privada.
Al final del día, serán los legisladores federales quienes se encuentren en el dilema de establecer a quien habrá de corresponder sus lealtades, si en una responsabilidad ambiental, una responsabilidad partidaria o una lealtad al presidencialismo.
