Con 29 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Jalisco aprobó reformar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para incluir el proceso de remoción de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS).
La iniciativa presentada por el gobernador acompañaba el veto que emitió contra la modificación que había aprobado el Legislativo para suprimir las percepciones a los miembros del CPS, y abre la puerta a que los diputados tengan la facultad para destituirlos.
Según lo avalado, los motivos de remisión serán la falta de probidad, notoria negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones. También desempeñar un cargo que genere conflictos de interés o que sea incompatible con el CPS. Además de faltas administrativas graves; y ser condenado por algún delito grave.
Refiere que los integrantes del CPS, durante el tiempo de su nombramiento, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos no remunerados o que desempeñen en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia; siempre y cuando no generen incompatibilidad, en términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos.
Los legisladores podrán comenzar el procedimiento de sanción podría iniciarse de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la causal de remoción.
