Ante el permanente desarrollo de la actividad humana en todos los ámbitos sociales, se ha requerido multiplicar los procesos industriales para la producción de diversos satisfactores para la vida moderna, es así que los sectores agrícola, industrial y tecnológico demanda mayores insumos que regularmente son tomados de los recursos naturales, disminuyendo la riqueza de hidrocarburos, mineral, geológica y acuífera.
Lo que diversos especialistas en la materia han dado a conocer como “cambio climático,” se refiere al incremento en la temperatura del medio ambiente lo que ha traído como consecuencia el deshielo de los casquetes polares con la consecuente subida de nivel del mar y a fenómenos naturales como huracanes, incendios, inundaciones y lluvias atípicas más potentes que ocurren fuera de su época, y traen consigo catástrofes para la población.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo tercero, fracción I, el término ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
Un ambiente sano es vital para la subsistencia de las personas y como lo define la normatividad, el Estado debe propiciarlo para un adecuado desarrollo de la sociedad en un entorno adecuado y propicio para la vida humana.
Lo anterior involucra el uso adecuado y una explotación controlada de los recursos naturales, la preservación y restauración del entorno ecológico, la apuesta por un desarrollo sustentable para la protección del equilibrio ecológico.
Es importante reconocer que este derecho debe protegerse individual y colectivamente, ya que el medio ambiente se define como una riqueza natural y bien público que de no permanecer en condiciones óptimas y adecuadas para el ser humano se corre el riesgo de la preservación de la especie.
Si bien, las disposiciones para la regulación de un medio ambiente sano se encuentran en instrumentos internacionales y en la legislación de cada país, es importante que la sociedad se involucre teniendo una participación más activa a manera de coadyuvar con los gobiernos en la prevención y en el uso racional de los recursos naturales a efecto de que la vida en el planeta se preserve y mantenga como hoy la conocemos.
Miguel Ángel Cruz Muciño
Abogado egresado de la Universidad Anáhuac,
Especialista en Derechos Humanos y Derecho Legislativo.
