Desde el Senado de la República el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal hizo un llamado a la prudencia y a que se realice una revisión cuidadosa en el caso de los científicos investigados por la Fiscalía General de la República acusados de haber hecho mal uso del presupuesto que se le dio a la UNAM.
En conferencia de prensa, Monreal Ávila manifestó su respaldo a los investigadores y confió que pronto se aclare el asunto al manifestar su preocupación por el clima de polarización que se está creando con este sector.
Monreal reveló que buscará platicar de manera respetuosa con fiscal Alejandro Gertz Manero y con la directora del Conacyt, a quien le pidió que actúe con moderación, para hablar del asunto.
“Expreso mi solidaridad total a la comunidad, a los universitarios y científicos y espero que todo se resuelva. Conozco a algunos de ellos, conozco su honestidad y autoridad en las materias a las que se dedican, sino que normalmente están sólo involucrados en la ciencia y no en la política, ni creo yo en la delincuencia. No soy juez, no quiero asumir ese papel; ni tampoco soy Ministerio Público, pero eso no me evita expresar mi solidaridad con ellos y desear que todo se aclare muy rápido para beneficio de la UNAM, de ellos y de sus familias y para que el entorno que estamos viviendo no se crispe más, sino que se logre una mejor armonía y conciliación”, mencionó.
En este sentido, el político zacatecano se deslindó de manera tajante de la solicitud del senador Armando Guadiana quien demandó a la Auditoría Superior de la Federación, a las auditorías superiores de los estados y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la revisión y la auditoría de los fondos que se destinan a las universidades públicas para educación e investigación, porque “desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”.
Monreal consideró que esto es “un despropósito” porque hay que respetar la autonomía de las universidades.
Cabe mencionar que recientemente se dio a conocer que la FGR giró orden de aprehensión contra 31 integrantes de la comunidad científica, a quienes acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades por supuestos malos manejos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).