Los representantes -electos por voto en las urnas- vulneran los derechos político electorales de los ciudadanos cuando renuncian a poner en práctica aquel programa de gobierno que ofrecieron en campaña como oferta programática y como ideario político de los partidos políticos que los postularon.
El cambio de bancada, de grupo parlamentario y de partido político es lo más transgresor de los derechos político electorales de los ciudadanos.
Es una actitud cínica, visible y recurrente. La practican los legisladores.
A esa forma de desentenderse de los compromisos adquiridos en las urnas, la podemos llamar transgresión flagrante. Ahora, asoma otra práctica política de dar la espalda al votante, la podemos llamar transgresión blanda.
Los gobernadores recurren al quebrantamiento de los derechos político electorales de los ciudadanos mediante una estrategia blanda: invocan el pensamiento político único como manera de justificar su desvío de la ruta política propuesta en las urnas.
Ante el peligro de caer en desgracia por las coyunturas adversas, los gobernantes temerosos claman la fusión de las ideologías. La debilidad política inflamada por su miedo a la venganza del adversario, los invita a justificar la desaparición de la pluralidad que antes presumían como eje del sistema político. Quieren ser oposición sin discurso opositor.
Algo no anda bien cuando los diputados, los senadores, los gobernadores, los alcaldes, los síndicos y los regidores, claman representar la pluralidad política sin pluralismo político. Quieren debatir un proyecto común a partir de desconocer lo más común: la diversidad ideológica. ¿Quién propondrá ese proyecto que es común a millones de habitantes?
Los corroe la contradicción. Los transgresores de los derechos políticos de los ciudadanos arriban al poder político a través de un sistema de partidos, pero sentados en la silla piden el desvanecimiento de los partidos y la desaparición de las ideologías.
Al margen del discurso fácil y la frase trillada de las filias y fobias que postula filiación política sin afiliación ideológica, el gobierno priista sin priismo, el Congreso morenista sin morenismo, ¿acaso existe el gobierno democrático sin la concurrencia de facciones políticas y credos diversos?, ¿acaso existe el Parlamento democrático sin grupos parlamentarios y éstos sin partidos y éstos sin ideología? Si no hay diversidad de opiniones no hay necesidad de debate político. Si no hay debate ideológico pues no hay necesidad de tribuna, ni de oradores a favor ni de oradores en contra.
El pánico cundió en las élites que gobernaban, gobiernan y han empezado a ser desplazadas. Frente al asomo de tendencias autoritarias, autocráticas y regresivas, están surgiendo representantes que están cambiando de bando como quien da un volantazo para girar a la derecha o a la izquierda o dar vuelta en U.
Es innegable la existencia de este delito en la democracia mexicana. La violación a los derechos políticos del ciudadano se concreta al claudicar a la oferta política y electoral que se presentó para ganar votos en la elección. Porque el político no llega como representante de sí mismo, sino que alcanza un cargo como representante de una comunidad de votantes. Cuando salta de un color ideológico a otro, traiciona a su electorado. Cuando cambia de bando mediante prebendas para su exclusivo beneficio personal y familiar, viola los derechos de los votantes que lo eligieron para representar una opción concreta.
Este tipo de transgresión es inmoral como conducta cívica y es ilegal como conducta política.
El transgresor podrá alegar defensa propia, dirá que se cambia de bando e ideología para no ir a la cárcel, para no ser investigado por la corrupción en su encargo, para continuar su escalada política y para aprovechar el mecanismo de escape de moda: formar parte del pacto de impunidad.
