Por una #SociedadHorizontal
El pasado miércoles 1º de septiembre, el presidente López Obrador subrayó lo que, según su administración, son los principales avances al frente del gobierno. El discurso del presidente se presentó en un escenario de cambios al interior de su equipo, después de que Olga Sánchez Cordero regresara al Senado para presidirlo y en la silla de la Secretaría de Gobernación quedara el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. La sombra de la renuncia de Julio Scherer, poderoso consejero jurídico de la presidencia, también se hizo notar.
El mandatario afirmó, “estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno”. También enfatizó, “aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas…récord histórico en inversión extranjera…récord en no devaluación del peso…, para presumir, decir a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan.”
Ante lo dicho, hay cuestionamientos precisos. La duda sobre la veracidad y la relevancia de los datos se mantiene: ¿Podemos presumir que las remesas sean un éxito del gobierno? Hay quienes ven dicho indicador como una muestra fehaciente del fracaso económico histórico de México. ¿Si incluimos la balanza de Pemex, es válido afirmar que no ha incrementado la deuda en el país? La inversión extranjera regularmente, cuando se le compara con la inversión nacional, es mucho menos sensible a la incertidumbre generada por los gobiernos en turno. En los últimos tres años, la inversión privada interna, sencillamente no ha ocurrido. ¿Qué tan válido es celebrar la situación de la inversión en el país?
Lo mismo habría que preguntarse sobre la eficiencia de las políticas seguidas. Más allá de escándalos mediáticos, ¿qué tanto se ha logrado que las instituciones evolucionen para combatir la corrupción? Ante la publicación reciente del Coneval, ¿qué tan trascendentes serán las transferencias monetarias y los nuevos programas gubernamentales para sacar de la pobreza a amplios segmentos de la población? Frente al elevado número de homicidios violentos, ¿qué tanto se ha logrado para que los grupos del crimen organizado disminuyan su dominio sobre el Estado en amplias regiones del país?
Más allá de las discusiones y críticas que seguramente continuarán en torno a lo expuesto en su informe, la confirmación de que AMLO presentará una iniciativa de Reforma Constitucional en materia eléctrica -para reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular- sin duda será uno de los asuntos prioritarios de la agenda por venir.
No será un tema fácil. Seguramente habrá una férrea oposición por parte de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. La complejidad que implicará conseguir los votos para la mayoría calificada en San Lázaro y en el Senado, abren la expectativa sobre la estrategia que habrá de seguir el gobierno para lograr sus objetivos. Por lo pronto, la reactivación del caso Lozoya, las historias sobre cómo se dieron las votaciones en el poder legislativo en este tema y las acusaciones a figuras del sexenio pasado, empiezan a calentar el horno político.
¿Alcanzarán los escándalos de corrupción para darle legitimidad a la reversión de la reforma en materia eléctrica? Aprender a Ricardo Anaya, atacar a otros ex legisladores de recibir sobornos o incluso formalizar denuncias directamente contra Peña Nieto ¿será suficiente para aglutinar votos en las cámaras contra lo que se hizo el sexenio pasado? ¿Se romperá la alianza opositora por esta razón?
Por lo pronto, la #SociedadHorizontal esta obligada a realizar un análisis detallado y objetivo sobre lo expuesto por el presidente en su informe, revisar información de diversas fuentes, comunicarlas y tomar consciencia sobre la veracidad o falsedad de las mismas. También deberá exigir un debate público abierto y transparente sobre los pros y los contras del tema energético. Más allá de los dichos y propósitos presidenciales, esa es la nueva base de una verdadera democracia.
En el tercer infome de gobierno, prevalece la impresión de que se tienen identificados los problemas nacionales, pero no se logra resolverlos adecuadamente hacia delante. La tensión entre la validez del diagnóstico que se pregona en el discurso frente a la eficacia para resolverlo con acciones y políticas públicas, se incrementa conforme avanzan los meses. Sin duda alguna esta será la principal disyuntiva sobre la cual deberán decidir los mexicanos, frente a la Revocación de Mandato que se celebrará en 7 meses.
