La acusación contra el panista Ricardo Anaya construida por la Fiscalía General de la República (FGR), a petición del presidente López Obrador, pone de manifiesto su idea de la justicia y también la forma de utilizar los órganos del Estado, para golpear o perseguir a quienes considera sus enemigos.
Para el presidente los suyos, esos sí, son intocables aunque de manera evidente violenten la ley. En esos casos la solidez de las pruebas no vale y las instituciones del Estado los protegen, pero frente a los otros, a los que quiere hacer un lado o incluso llevar a la cárcel, se vale todo.
Ya diversos medios han publicado las contradicciones e inconsistencias de las acusaciones de la FGR contra Anaya que se basan en declaraciones de Emilio Lozoya, que por la vía de los hechos actúa como un testigo protegido y ya se sabe que estos, con tal de disminuir sus penas, dicen lo que se les pida.
Lozoya ha tenido que modificar sus primeras declaraciones por ser falsas y la FGR también las ha corregido. El acusador, él mismo acusado de múltiples delitos, declaró que Anaya en agosto de 2014, con otros seis legisladores de la oposición, había recibido sobornos, para aprobar la reforma energética que impulsaba el presidente Peña Nieto.
Lo ridículo y también perverso, en la mecánica de la construcción de la acusación, es que Anaya desde marzo de 2014, cinco meses antes del supuesto pago, había pedido licencia y dejado de ser diputado. Lozoya rinde, entonces, una nueva declaración, para que cuadre la acusación, pero ya no menciona a Anaya como diputado.
Ahora dice que se le entregó dinero porque era muy influyente en el PAN y no era un soborno por un voto en lo individual. En esta nueva declaración también cambia la fecha de la supuesta entrega del soborno de 6 millones 800 mil pesos. Ya no fue en agosto de 2014 sino que ahora la fecha queda indeterminada.
Es claro que Lozoya seguirá haciendo lo que le pida la FGR. Para eso regresó a México a cambio de que contra él, a pesar de sus evidentes delitos, no habrá nada más allá de discursos acusatorios. Sigue y seguirá tranquilo en su casa mientras sea útil a este gobierno. Aquí lo tienen para construir casos a través de sus declaraciones.
Y las viviendas que la FGR ha investigado como parte de la acusación contra Anaya, que supuestamente habría comprado con el soborno, una fue adquirida en 1993, por la madre de éste, y la otra en 1997, por su suegra. El valor total de las casas es de 701 mil 300 pesos.
Está documentado que Carolina Martínez Franco, la esposa de Anaya, recibió de su madre, Maribel Natalia Franco, la casa en donación en julio de 2014, antes de que éste recibiera el supuesto soborno, y él obtuvo también a título de donativo de su madre, María Elena Cortés, la otra casa en marzo de 2005. Desde hace años las dos casas aparecen en sus declaraciones patrimoniales.
Al presidente lo que le gusta e importa son sus juicios sumarios y sus condenas de cara al público en sus comparecencias mañaneras. Él ya decidió que Anaya es culpable y eso basta. No importa que en el marco del Estado de Derecho no prospere la acusación jurídica. Y tampoco le importa el debido proceso. Sí le significa que la víctima sea degollada ante las cámaras de la televisión en el circo que él ha montado.
Twitter: @RubenAguilar
