La situación que actualmente se vive en México y en el mundo a causa de la pandemia, ha impactado de modo significativo diversos sectores de la actividad humana, por lo que es importante dar un vistazo a lo que ha sucedido en torno a la actividad escolar, ya que se tienen ante sí enormes retos para garantizar por parte del Estado el derecho a la educación.
Recordemos que el derecho a la educación se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26.1, el cual refiere que: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
Así mismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este derecho se encuentra plasmado en el artículo 3, primer párrafo, mencionando que: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
A partir de que se dio a conocer oficialmente la suspensión de toda actividad económica, social y educativa se fue alterando el día a día de la comunidad estudiantil y su entorno familiar, en ese momento no se vislumbraba la afectación que actualmente pone en riesgo su desarrollo humano, científico y cultural, limitando una integración proactiva a la colectividad.
En el mundo, los gobiernos tomaron las medidas que en su momento consideraron adecuadas para mitigar este tipo de situaciones de emergencia, sin embargo, el ámbito educativo fue el más afectado; ya que, ante la imposibilidad de que haya continuidad en la transmisión de conocimiento de los docentes hacía los educandos, utilizando los canales de comunicación habituales, se perdió un hilo conductor que coadyuvaba en gran medida a fortalecer la generación de conocimiento propiciado desde la más temprana edad en los centros escolares.
Según datos de la UNESCO, 290 millones de estudiantes han perdido ya sus clases debido a las medidas para contener la propagación de la epidemia, causadas por la expansión del COVID-19 en todo el orbe.
Por ello, es momento de reflexionar y actuar de manera seria y responsable, ya que el regreso a la actividad escolar es básico y fundamental en toda sociedad, aún en esta etapa, en la que se ha privilegiado la actividad económica por encima de la educativa, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a millones de estudiantes que no contarán con las herramientas necesarias para hacer frente adecuadamente a un entorno que les demanda mayores conocimientos.
Finalmente, se hace necesario que el Estado asuma con responsabilidad lo dispuesto en el marco normativo internacional y nacional, con el objeto de garantizar el derecho a la educación instrumentando intervenciones públicas orientadas a la reconstrucción y habilitación de las instituciones educativas, además de capacitar a los docentes en materia de tecnologías de la información TIC´S, y sensibilizar a los educandos y padres de familia, para prevenir la deserción de sus hijos, con la finalidad de no tener una generación pérdida. Tratando de evitar, que la situación provocada por la pandemia, limite las aspiraciones del ser humano en materia educativa, ya que la educación es pilar fundamental para el desarrollo de los individuos y de toda sociedad.
Miguel Ángel Cruz Muciño
Abogado egresado de la Universidad Anáhuac,
Especialista en Derechos Humanos y Derecho Legislativo.
