Hoy lunes los dirigentes de los tres partidos que integran la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) acuden a Washington, precisamente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), para entregar una denuncia en la que sustentan que México tuvo el pasado 6 de junio elecciones intervenidas, como nunca antes, por el crimen organizado, y para solicitar al organismo internacional que designe una comisión de observadores que otra vez visite nuestro país para investigar estos hechos.
Después de entregar un documento de 57 páginas a la OEA, los presidentes del PAN, Marko Cortes; PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, acudirán con la misma denuncia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y expondrán que el crimen organizado “apoyó, impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte de los estados del país”.
Los dirigentes del PAN, PRI y PRD, quienes ya se encuentran en Washington, se entrevistarán con el secretario General de la OEA, Luis Almagro, a las 10 de la mañana de este lunes, para entregarle la denuncia, y posteriormente, a las 11:30 (hora local), acudirán a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reunirse con la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, y hacerle entrega del archivo.
El argumento legal que los tres partidos sostendrán en ambos organismos es que durante las pasadas elecciones en México fueron arrollados los principios contenidos en la Carta
Democrática Interamericana suscrita por los Estados miembros y que señala entre otros que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de
defenderla.
La denuncia contiene una relatoría de homicidios, secuestros, levantones, intimidación a candidatos y ciudadanos, y coerción para ejercer el voto. Va por México señala que se registraron mil 66 delitos y agresiones de tipo político en casi todo el país, exponiendo los casos ocurridos en siete estados, y que costaron la vida a 36 aspirantes a un cargo de elección popular.
El documento, de 57 páginas, hace referencia a siete casos emblemáticos de la violencia criminal en las elecciones del pasado 6 de junio: Sinaloa, Estado de México, Guerrero,
Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.
Con base en denuncias propias, notas periodísticas y datos de consultorías, la coalición señala que 24% de los episodios de violencia fueron cometidos por grupos armados en contra de políticos y electores, entre ellos la aparición, la mañana del 6 de junio, de una cabeza humana en la casilla electoral 1440 instalada en Tijuana, Baja California..
“Durante meses, los avisos de amenazas, secuestros y asesinatos sufridos por los candidatos y los aspirantes a esos cargos trajeron la advertencia de que la violencia y la coerción criminal iban a estar presentes como nunca antes en estos comicios, los más grandes de la joven democracia mexicana”, se señala en la denuncia de la alianza opositora.
Va por México refiere que “grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna”.
Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección, mediante una impuesta ley del
silencio sobre todo lo que había ocurrido.
“Miles de ciudadanos víctimas de esta violencia se vieron obligados a callar. Los abogados prefirieron abstenerse de procesar denuncias de coacción electoral por el crimen organizado”.
“El relato de la jornada electoral del 6 de junio, hecha por miembros de partidos en distintos estados, coincide en un hecho. El crimen organizado apoyó, impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte de los estados de México”, señalan.
Va por México sostiene que la coerción violenta y las amenazas, las muertes, los secuestros y el control de las candidaturas por parte de los grupos delictivos, así como su intervención activa en el proceso, estuvieron presentes todo el camino: durante las precampañas de selección de candidatos, a lo largo de las campañas mismas, en la jornada electoral y después de la elección.
Veracruz, según la consultora Lantia Intelligence, registró el mayor número de eventos de violencia política durante el proceso electoral, con 51 casos. Otra consultora, Etellekt, también colocó a esa entidad en el primer sitio en el número de aspirantes y candidatos asesinados durante el proceso, con nueve ejecutados.
En Sinaloa, se documentó el secuestro de cerca de 100 personas, entre familiares y colaboradores de algunos candidatos, el robo de urnas y la no apertura de 55 casillas por
amenazas del crimen organizado a los funcionarios responsables de su instalación.
En el Estado de México se reportaron 200 actos de violencia política el día de la elección. Se documentó el caso de Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, quien fue privada de la libertad por sicarios de La Familia Michoacana mes y medio antes de que se llevaran a cabo las elecciones.
En Guerrero, en la región de Tierra Caliente, sólo pudieron hacer campaña quienes contaban con la autorización de los grupos criminales, según denuncias de militantes y dirigentes de los partidos políticos.
En Michoacán se denunció que gente armada llegó a diversas casillas de municipios como Múgica, Lázaro Cárdenas y La Huacana para amenazar a ciudadanos que estaban formados y les advirtieron que tenían que votar por Morena y no por el PRD.
En Guanajuato, el proceso electoral se tiñó de sangre con el asesinato de dos candidatos a presidentes municipales, entre otros políticos: el 25 de mayo pasado fue ejecutada Alma Rosa Barragán Santiago, de MC, aspirante a la alcaldía de Moroleón.
Finalmente, en San Luis Potosí, la coalición documentó que en alrededor de 600 casillas se “plantaron” presidentes y se falsificaron las actas.
En el documento que será entregado a la OEA y la CIDH, se detalla que la violencia contra candidatos sumó un total de 693 víctimas, en el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, lo que representa un incremento de 68% con relación a las 412 víctimas contabilizadas en el proceso de 2017- 2018.
En 102 asesinatos dolosos y 48 homicidios en grado de tentativa cometidos contra políticos y aspirantes, la participación de comandos armados como autores materiales alcanzó 66%,
mientras que en 397 delitos no fue posible identificar a los agresores.
De esos 102 políticos que perdieron la vida, 36 aspiraban a cargos de elección, 31 buscaban puestos a nivel municipal y 90% eran opositores a los alcaldes que gobiernan los municipios donde ocurrieron los hechos.
