Las normas penales que en el devenir de los tiempos fueron dictadas, aprobadas y emitidas para luchar contra la delincuencia y brindar a la vez seguridad a los Estados Unidos Mexicanos han sido olvidadas. Todas ellas. Desde el Código Penal Federal (por no citar a los del Fuero Común), todos han evitado su aplicabilidad a fin de brindar impunidad y seguridad de libertad a la delincuencia. Todas también han insistido falsamente en que se respetaban los principios esenciales de nuestro Estado de Derecho.
Ésta insistencia hipócrita en el respeto al estado de derecho y en el respeto a los derechos humanos de la delincuencia, hacen pensar a la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., en aquellas palabras expresadas en antaño por “Lucrecio: CUPIDE CONCULCA TUR NIMIS ANTE METUTUM lo cuál significa literalmente: “Se aplasta con pasión lo que anteriormente se ha temido”.
Recuerdo que en el ayer y ante diversos foros, siempre la Academia expresó que sin mucho análisis y casi irreflexivamente, en el medio de procuración e impartición de justicia se admitieron opiniones exóticas, de muy dudosa factibilidad, opiniones que fueron favorecidas porque togados dotados de elocuencia y poca virilidad, favorecidos por el poder político del neoliberalismo imperante y reinante en aquellos años, pero carentes de toda experiencia en el entorno penal, así como del necesario e indispensable contacto con la realidad jurídica de nuestro México, difundieron hábilmente que a los delincuentes la policía debería de respetarlos y hoy en ésta Cuarta Transformación de la República, uniformes policiacos, militares y togados de academias, nos venimos a percatar que aquellas novedades doctrinales sólo sirvieron para recónditos designios políticos de Carlos Salinas de Gortari.
Así ocurrió en el territorio nacional con la difusión que se dio a aquellas doctrinas dedicadas a la protección y enaltecimiento de la condición de aquellos hombres que delinquen. Aún cuando el Foro Independiente de la República reconoció y reconoce que existen y existieron seguidores que se encontraban y encuentran convencidos de tales bondades doctrinarias.
Aquellas doctrinas protectoras y cuidadoras de la delincuencia y creadoras de la impunidad, derivadas de una criminología experimental, postulaban y en la actualidad sostienen el respeto absoluto a la delincuencia y que esos delincuentes deberían de ser tratados como mexicanos de excepción, a los cuales debería asistirse como si se tratara necesariamente de unos enfermos o unos maleducados.
Al encontrar resonancia tales teorías en un sector oficial corrompido por el neoliberalismo, se dictaron leyes y decretos a los que se les dio amplia difusión, y con gran aparato y pompa se erigió una Comisión Nacional de Protección a la Delincuencia y Corrupción. Con arreglo a las mismas leyes se otorgaron y concedieron grandes beneficios a los delincuentes, tales como diversas formas de libertad, de exoneración, al grado de deducirse y reducirse el Estado de Derecho de nuestro México hasta el punto de llegar en ésta Cuarta Transformación de la República a ser ficto.
Necesariamente la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., reconoce la parcialidad y generosidad de dichas teorías, pero en su concepto dichas doctrinas son parciales, consecuente y fundamentalmente injustas, por exaltar a la delincuencia y olvidar a diversos sectores de nuestro México, como lo fueron y lo son: El sector de los ciudadanos que fueron y son victimas de la comisión de un evento delictivo; el sector empresarial que lucha y empuja a un México de justicia; el sector policiaco y militar que son y fueron el medio que se dedicó a perseguir a esos vulgares delincuentes.
Es preciso referir diciendo que somos múltiples togas en toda la República, que existen miles de uniformes policiacos y militares, millones de víctimas de los delitos cometidos por esos delincuentes, los cuáles todos juntos y por México pensamos que para los efectos de alcanzar cabalmente el ideal de justicia que nuestra Nación requiere, así como se tuvo eco legislativo de la doctrina partidaria de la delincuencia, es indispensable, necesario, al menos que dentro del sector político se tenga en cuenta —en la triade inseparable del drama del delito— que mayor relevancia tiene sobre la delincuencia el sector productivo de la República, así como los uniformes de policías, militares y aquellas victimas de los delitos que son a los que indispensablemente se les tiene que proteger y esto es precisamente la finalidad del punto de vista que a la fecha sostiene y propone la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
A manera de conclusión, queremos expresar que es nuestro deseo que los uniformes policiacos y militares, que el sector empresarial productivo, que las víctimas de la delincuencia, que nuestra justicia, que nuestro México, recupere el sitial perdido y trabaje muy comprometido por nuestro suelo, por nuestro cielo, por nuestro vuelo, sin miedo de ningún tipo a los delincuentes. Estariamos apañados en el porvenir de nuestras libertades si los pliegues de nuestros cuerpos, de nuestras togas, de nuestros uniformes, del dolor de las víctimas se arrugaran por miedo a la delincuencia, a la verdad, que hoy tanto protegen las Fiscalías (casi todas) de la República.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
