Todo país moderno, que se precie de tener un régimen democrático robusto y consolidado, que entregue buenas cuentas después de haberse desarrollado cualquier proceso electoral para el cambio de autoridades que se eligen en comicios, debe actuar apegado al marco jurídico; pero sobre todo garantizando los derechos político-electorales de los contendientes, así como de la ciudadanía.
Para ello a nivel federal se cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE), quien es una autoridad administrativa y cuya operación se establece en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como autoridad jurisdiccional estableciendo sus funciones en el artículo 99 de la Carta Magna, además de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo especializado en investigar los delitos electorales a nivel federal, estableciendo su competencia en el artículo 21 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE).
El término “Sistemas Electorales”, se refiere a un conjunto especializado en normas y procedimientos, que son la base para el desarrollo de los procesos comiciales que se llevan a cabo para que la ciudadanía elija a mujeres y hombres, que desean ocupar puestos de elección popular a través del voto.
Es importante mencionar que un Sistema Electoral no se crea de la nada, es más bien el resultado de una evolución normativa que a lo largo del tiempo han generado los cuerpos legislativos, atendiendo diversas demandas tanto de la sociedad como de los propios actores políticos, que buscan de manera permanente condiciones adecuadas de equidad y paridad para quienes participan en las contiendas electorales, y ven en estos procesos la forma de acceder a espacios públicos de toma de decisiones para mejorar las condiciones económicas y sociales de la población.
La estabilidad política de un país se basa principalmente en que el Sistema Electoral vigente responda a los intereses políticos y sociales del mismo, por lo que dicho sistema debe ser dúctil y flexible para que se pueda aplicar cualquier reforma legislativa y dejar convencidos a todos los actores con la finalidad de contar con democracias consolidadas.
Debemos destacar que en México, la legislación que regula los procesos electorales, tiene el objeto de dejar satisfechos a quienes participan en ellos, con lo que se facilita las transiciones de cargos de manera coherente, pero sobre todo apegados a derecho, y cuando no fuese así y se vislumbran anomalías o conductas atípicas, se cuenta con los organismos de procuración y administración de justicia, que dan respuesta a las inconformidades de la ciudadanía, de esta manera se cierra un ciclo normativo e institucional que da certeza jurídica y consolida la democracia.
- en D. Raúl Flores Bernal
Catedrático Universitario
Especialista en Derecho Electoral y DDHH.
