Los 10 diputados que interpusieron una acción en contra del Decreto 289 que municipaliza el agua en Baja California, de nombres: Rosina del Villar, Araceli Geraldo Núñez, Juan Melendrez Espinoza, Juan Manuel Molina, Javier Robles Aguirre, Efrén Moreno Rivera, Víctor Hugo Navarro, Evangelina Moreno Guerra, Miriam Cano Núñez y Julia González Quiroz.
A través de un correo certificado fue como la XXIII Legislatura de Baja California fue la que promovió el recurso ante la Suprema Corte de Justicia, acreditada por el 33% de sus integrantes.
En el oficio con fecha del 31 de Julio se lee que
“Se interpone acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley que Regula Prestación del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno”.
Si los deseos de Jaime Bonilla se hacen realidad, la Suprema Corte tiene de nuevo que discutir un asunto de Baja California, otra vez por iniciativas del gobernador, nuevamente ante polémicas públicas.
