Siempre que tengo la oportunidad de escribir sobre justicia y honestidad, me invade una extraña sensación de reconfortante equilibrio y de confianza que he querido atribuir, no sólo al recuerdo de épocas ya idas, sino a la esperanza de recuperar su perspectiva, gracias a la entereza y cultura abierta de muchos jóvenes togados que así también lo desean.
Para cualquier jurista de México, pero muy especialmente para aquellos abogados que tienen el excepcional privilegio de no estar tocados por la corrupción, les resulta vital que se recupere esa confianza en nuestra instituciones de procuración e impartición de justicia.
Solicito la benevolencia de atención de mis queridos lectores, a fin de traer ante ustedes —aunque sea en apretada síntesis— algunos aspectos interesantes sobre la honestidad y conocimientos que deben de prevalecer en nuestros recintos de justicia, no obstante los argumentos en contra que quieren sostener aquellos ministriles que se encuentren tocados por el fenómeno de corrupción. Mis razonamientos los haré valer exclusivamente a favor de la justicia y de México.
Trataré con éstas líneas, ante éste gentil medio de información, sobre algunos aspectos que le han dado grandeza a nuestra Nación, cuando se aplican de manera honorable aquellos principios fundamentales en los que se fundamentan nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia a fin de preservar nuestras garantías constitucionales de obtener justicia limpia, eficaz, clara y gratuita, contraria a aquellas que proveen los interesados en prostituirla.
México en la actualidad requiere una justicia que ponga coto a todas aquellas arbitrariedades del poder publico, que limite y establezca un verdadero control jurídico de la legalidad y del derecho en beneficio de los justiciables y, por ende, de México.
México necesita que en cuestión de justicia se eviten los errores de implicar inocentes, de interpretar de manera incorrecta los dispositivos del Código Penal, a fin de favorecer a cotos del poder como resulta ser el poderío de la narcopolítica, que se sancione a las autoridades que vulneren a nuestra Constitución Política, que nuestras carpetas de investigación se integren y se acompañen de pruebas suficientes para obtener el libramiento de las ordenes restrictivas de libertad, que en nuestros juicios penales se eviten aquellas ordenes del ejecutivo que se contraponen a la Ley Suprema, que se nulifiquen los yerros que se cometen en los procedimientos judiciales, que se impidan y suspendan las ejecuciones de actos ilícitos, que se deje de brindar protección al narcotráfico y a los políticos responsables de su intromisión en el medio de procuración de justicia.
Debemos destacar aquí también, que cualquiera que hayan sido los motivos y orígenes de la corrupción propiciada por el neoliberalismo en nuestro medio de justicia, ahora se proteja a la justicia y no a la delincuencia. Por la historia sabemos que desde el proyecto del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, se señaló, en su artículo 30 que: “La Nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas, los derechos de los mexicanos”.
Es pertinente asentar que México carece de justicia, lo han reconocido así el Presidente de la República y el propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aceptar ambos que existe corrupción en el medio.
Los fundamentos legales para obtener justicia nos los proporcionan nuestras leyes, no las consultas, contrariamente a lo que sostengan Andrés Manuel López Obrador y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., de manera respetuosa le solicita a las victimas de injusticias e inequidades que no se desesperen, que tengan confianza, pues existe una nueva generación de togados que insiste en recuperar la perspectiva de la justicia que México merece.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
