Recientemente un juez federal del estado de Texas ordenó al gobierno de los Estados Unidos la suspensión en la recepción de nuevas solicitudes al programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual confiere a sus beneficiarios una ruta (revocable) de permanencia en ese país que les permite emplearse evitando así ser prioritarios de deportación.
El juez de la Corte de Distrito, Andrew Hanen, consideró que el expresidente Barack Obama, quien promoviera durante su mandato dicha medida, actuó sin la autoridad legar para otorgar a estas concesiones a los hijos de migrantes indocumentados.
Lo anterior, ocurrió tras la demanda conjunta de estados republicanos bajo el argumento de que el programa se traduce en mayores costos en educación, atención médica, entre otros servicios para los residentes de dichas entidades.
Se trata de un nuevo capítulo de una historia para esta política de estado que contempla a más de 650 mil personas beneficiadas. Si bien el presidente Biden ha esbozado un proyecto de “conciliación” migratoria, con el que busca aprobar una ley que regule DACA y otra que establezca una ruta de regularización para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la realidad es que en estos meses que lleva su mandato ha logrado escasos avances teniendo un Congreso dividido.
Es importante destacar que esto se da en un contexto en el que la crisis fronteriza México – Estados Unidos no cede y tan sólo en junio pasado se registraron más de 180 mil detenciones y que para el próximo cierre del año fiscal estadounidense se habrá rebasado el millón de migrantes, cifra mayor a la de 2019, año en el que se dijo que ocurrió una “catástrofe humanitaria” protagonizada por el fenómeno de caravanas migrantes desde Centroamérica.
Ahora bien, retomando el programa DACA, vale la pena señalar que se ha convertido en un claro motín político con el que administraciones pasadas y la presente han intentado verse beneficiadas. Recordemos como desde 2017 el entonces presidente Trump intentó cancelar el proyecto, argumentando las mismas extralimitaciones jurídicas atribuidas al expresidente Obama, pero en ese entonces con el objetivo de presionar al Congreso para legislar sobre este amparo migratorio.
Por otra parte, esta decisión se convirtió en el segundo fallo de un juez federal texano que interfiere con los planes del presidente Biden en asuntos migratorios, luego de la prohibición para implementar la postergación de 100 días para la mayoría de las deportaciones.
Si bien esta decisión afecta los intereses de migrantes y sus familias nuevamente, la realidad es que sólo una decisión legislativa permanente en el Congreso eliminaría la incertidumbre con la que estas personas han vivido durante años.
El futuro de la política migratoria estadounidense seguirá en esta misma incertidumbre mientras no cambie la percepción que se tiene de la migración y los prejuicios raciales que conlleva. Se trata de un tema ideológicamente complejo y estructuralmente demandante para un sistema que no reconoce sus aportaciones multifacéticas dentro de su cotidianeidad.
