En los últimos años, la minería ha sido motivo de conflictos sociales y políticos en nuestro país, aunado al descontento por la presencia extranjera en este sector, donde empresas canadienses, estadounidenses y australianas, entre otras, obtienen amplios beneficios económicos por la extracción de minerales, mientras tanto la recaudación fiscal apenas recibe recursos por esta actividad. En el 2020, las empresas mineras en México pagaron 235 mil millones de pesos en impuestos, esto representa una caída de 49% frente a 2019, cuando se recaudaron 461 mil millones de pesos, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por desgracia, las empresas mineras -nacionales y extranjeras-, en sus actividades, violentan algunos derechos fundamentales, siendo el medio ambiente uno de los afectados, principalmente por la minería a cielo abierto, ya que durante su actividad existe un alto consumo de agua, sobreexplotando los cuerpos de agua, además de destruir ecosistemas completos.
La extracción a gran escala de minerales -incluyendo la extracción petrolera-, tiene un efecto devastador e irreversible para la biodiversidad, algunas investigaciones advierten que el 38% de los bosques primarios del mundo están amenazados. La minería ha desaparecido millones de hectáreas de bosques y selvas, eliminando hábitats de flora y fauna silvestre, también existe una grave contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterránea, principalmente con metales pesados, como: plomo, arsénico, cromo, cadmio, cianuro y mercurio, producto de filtraciones, derrames o fugas, ya sea accidentales o premeditadas, creando a las presas de jales, en vertederos de desechos tóxicos, contaminantes que se evaporan, o son absorbidos por el suelo y por todo tipo de vegetación existente en la zona.
La sobre explotación del recurso hídrico por la actividad minera ha provocado una grave desertificación, sequías y agotamiento de los cuerpos de agua, alterando los niveles freáticos y desplazando las aguas subterráneas. Desgraciadamente no hay mina que no contamine el agua con sus desechos, a pesar de sus medidas de mitigación, es imposible dejarla en su mismo estado, agua que es inservible para cualquier fin, ya sea consumo humano, animal o para la agricultura.
Con la erosión de los suelos, la deforestación, derrames tóxicos, paisajes arruinados, recursos hídricos saqueados y ecosistemas contaminados, desaparecen corredores biológicos y su biodiversidad, provocando graves desequilibrios ecológicos, además de afectar a la seguridad alimentaria de la región.
Infortunadamente, la historia de nuestro México corrupto e impune nos dice que, ante el uso ilegal o no ético se puede garantizar la instalación de cualquier proyecto minero, corrompiendo no sólo a todo funcionario o servidor público involucrado, también las autoridades ejidales o comunitarias son objeto de este fenómeno.
Como ejemplos de impunidad encontramos que en la Reserva de la Biosfera “El Triunfo”, Área Natural Protegida del estado de Chiapas, existe una explotación minera, concesión otorgada para la extracción de titanio y magnetita. Algo similar ocurre en Veracruz, la minera “Goldgroup”, en la fase de exploración derribó aproximadamente 15mil árboles, abarcando zonas de manglar, duna costera, bosque tropical y selva baja caducifolia, ecosistemas sensibles que albergaban un gran número de especies de flora y fauna silvestre endémicas, muchas de ellas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en alguna categoría de riesgo.
Aunado a esto, la minería abona al cambio climático y calentamiento global, ya que desde su exploración, explotación, industrialización, comercialización y consumo, emiten aproximadamente el 20% de los gases efecto invernadero (GEI) de todo el mundo, además de consumir más del 20% de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, la deforestación provocada elimina los sumideros de carbono, favoreciendo la concentración de dióxido de carbono atmosférico.
También la salud humana se ve seriamente afectada, ya que durante los procesos de producción se generan diversos materiales tóxicos que se transportados por el viento y el agua. Las sustancias tóxicas más comunes son: anhídrido sulfuroso, arsénico, nitrato de amonio, anhídrido carbónico comprimido, etc., que generan diversos síntomas de enfermedades en las vías respiratorias y se les ha relacionado con algunos tipos de cáncer. La emisión de gases y vapores tóxicos provocan lluvia ácida, la cual es responsable de contaminar el aire, suelo, flora y agua; lluvia ácida que afecta de manera grave a las comunidades que habitan cerca de los complejos mineros, y no sólo se contaminan casas, escuelas, comercios, clínicas, oficinas de gobierno, etc., los campos de cultivo se ven seriamente afectados.
Un elemento fundamental para que la minería se haya convertido en un elemento potencialmente destructor radica principalmente en el diseño de políticas públicas frágiles que regula dicha actividad, por ejemplo; en México, la minería es considerada de utilidad pública, otorgando preferencia frente a cualquier otra actividad -exceptuando la explotación de hidrocarburos y la producción de energía eléctrica-, como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, etc. Así pues, esta actividad ha demostrado privilegiarse por encima de cualquiera de las posibles contrapartes, comenzando por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades.
Desgraciadamente el panorama no es nada alentador, ya que existen 31 mil concesiones mineras, equivalentes a 56 millones de hectáreas, es decir, 30% del territorio nacional; situación que nos pone en alerta, ya que más de la mitad del territorio mexicano tiene régimen ejidal o comunal. Paradójicamente, la Ley Minera hace sujeto de expropiación todo terreno donde se encuentren minerales. Hasta el 2017, se habían entregado concesiones mineras en 47% de los 12 mil núcleos agrarios del país. De manera impune, ninguna autoridad se acercó a las comunidades para preguntarles o por lo menos avisarles que en su territorio se entregarían concesiones mineras.
En consecuencia, en los últimos años, tanto empresas nacionales como extranjeras -principalmente canadienses-, se han apropiado de superficies importantes a costa del medioambiente, recursos naturales y de las vidas de los pobladores que históricamente habitan esas tierras, siendo desplazados o forzados a vivir cercanos a las zonas de explotación.
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y del Fondo Mundial para la Naturaleza, los países ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, con niveles de bienestar social bajo y desigualdad en la distribución de ingresos que los países en desarrollo no dependientes de minerales. Pongamos por caso el proyecto de Peñasquito, en Zacatecas; por cada mil dólares de mineral comercializado, la empresa minera toma $999.82 dólares, y entrega a la comunidad sólo 18 centavos de dólar.
En conclusión, es urgente abordar en la agenda pública de nuestro país los impactos que la actividad minera ha provocado al medio ambiente y recursos naturales, y la necesidad de reformar su marco legal; dado que la actual legislación favorece a particulares, pasando por encima de los derechos de las comunidades y no considerarla una actividad de utilidad pública, ya que dicho estatus le facilita la expropiación de territorios, incluso, otorga un acceso preferente al agua, con ello, se deja en grave vulnerabilidad a las comunidades que habitan dichos territorios, acrecentando el rezago social y marginación.
De manera que, mientras no exista un marco jurídico que anteponga a la explotación minera sobre los derechos de las comunidades y la conservación del patrimonio natural, difícilmente la minería dejará de ser fuente de depredación y destrucción.
