Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), confirmaron que los restos encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de Vícam el pasado 17 de junio se tratan del activista y líder Yaqui, Tomás Rojo Valencia de 54 años.
El activista por el agua de las tribus originarias y vocero de la tribu Yaqui, fue privado de su libertad el 27 de mayo al salir de su vivienda alrededor de las 5 am, el 17 de junio un habitante de Vícam, comunidad perteneciente a Guaymas, halló una fosa con un cuerpo semienterrado, mismo que fue trasladado a las instalaciones de la FGJES para su correspondiente autopsia e identificación científica.
Tras 4 días de estudios y análisis, el director del Laboratorio de Criminalística de la fiscalía estatal, Salvador Samaniego, hizo oficial la identificación de los restos de Rojo Valencia: “Una vez concluidos los análisis de confronta o comparativa genética por ADN a los restos localizados el pasado jueves 17 de junio en la comunidad de Vícam fue posible llegar al a comprobación científica de que corresponden a quien en vida llevaba el nombre de Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia yaqui”.
A través de sus redes sociales, El gobernador electo del estado Alfonso Durazo, expresó sus condolencias y condenó los actos cometidos ante la tribu Yaqui.
Recibo con pesar la confirmación de la muerte de Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu yaqui y líder social en nuestro estado.
— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) June 22, 2021
Cabe destacar que Valencia, desde 2010 se desempeño en su activismo, iniciando como uno de los principales rostros de la conocida como “Guerra por el agua” que vivió el estado de Sonora, esto debido a que el en ese entonces gobernador del estado Guillermo Padrés (2009-2015), autorizó la construcción del acueducto “Independencia”, proyecto hidráulico destinado a llevar agua desde la cuenca del río Yaqui hasta Hermosillo, capital del estado y centro urbano más importante.
Dicho proyecto estuvo envuelto en polémica ya que de acuerdo con los 8 pueblos Yaqui de Sonora, el mismo dejaría de garantizar el abastecimiento de las comunidades originarias. Luego de que en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó paralizar la obra y consultar al pueblo Yaqui, Rojo Valencia se convirtió en blanco de persecución política y social de parte de las autoridades estatales, sin embargo la obra se terminaría e inauguraría ese mismo año.