Un jurado peruano decidió este lunes que la candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, no irá a prisión preventiva, como solicitó el Ministerio Público.
La decisión fue tomada por el Cuarto Jurado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, tras analizar un pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga la trama de corrupción de Lava Jato.
“Se declara infundado el requerimiento del Ministerio Público en efecto de que se dicte prisión preventiva contra Keiko Fujimori”, dijo el juez Víctor Zúñiga.
Durante la audiencia de este lunes, el juez Zúñiga ordenó “el cumplimiento estricto” de todas las medidas de la comparecencia con restricciones que tiene Fujimori, incluyendo la prohibición de comunicarse con testigos.
El fiscal Pérez solicitó la audiencia para revocar las restricciones impuestas contra Fujimori, y en su lugar, dictarle la medida de prisión preventiva, al argumentar que la candidata de Fuerza Popular sostuvo comunicación con el testigo Miguel Torres Morales, quien sería parte de la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal a la candidata cuando emprendió sus campañas en 2011 y 2016.
Poco después de la segunda vuelta electoral, Fujimori, en una conferencia de prensa, presentó a Torres Morales como abogado del partido Fuerza Popular. Tras ese hecho público, Pérez presentó su pedido y señaló que el letrado es testigo de la acusación fiscal contra la derechista y precisó que declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020, en una diligencia donde también estuvo la abogada de la candidata presidencial, Giulliana Loza.
Por su parte, Torres Morales declaró a la prensa que él no era testigo del caso ‘Cocteles’, como se conoce a la causa que se le sigue a Fujimori por los aportes ilegales que habría recibido su partido por parte de Odebrecht para financiar sus campañas. Sin embargo, la propia Loza admitió que sí “es testigo de este caso”.
Declaración de Fujimori
Fujimori pidió la palabra para decir que era “inocente” y que tenía la consciencia tranquila.
Además, la candidata de Fuerza Popular intentó abordar las motivaciones políticas del fiscal Pérez, acusando que la solicitud fue presentada después de que su partido anunció que presentaría más de 800 recursos de nulidad tras los comicios del 6 de junio.
No obstante, el juez Zúñiga instó a Fujimori a que se limitase al pedido del fiscal. “Soy inocente y por eso estoy acá. Con la consciencia tranquila”, respondió la candidata de Fuerza Popular en su breve intervención.
El pasado 10 de junio, cuatro días después de celebrarse el balotaje de los comicios presidenciales, en los que Fujimori se enfrentó a Pedro Castillo, Pérez pidió la revocatoria de las restricciones sobre la candidata de Fuerza Popular, investigada por presunto lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En su solicitud, Pérez justificó que Fujimori habría incumplido “con la restricción de no comunicarse con los testigos” en el caso que se le sigue.
Resultados sin proclamar
Esta decisión judicial en contra de Fujimori se conoce cuando aún el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue sin proclamar al ganador del balotaje del pasado domingo 6 de junio. De acuerdo con los resultados finales, en esa segunda vuelta ganó Castillo con el 50,12 % de los sufragios, mientras que la candidata de Fuerza Popular obtuvo 49,88 %; la diferencia entre ambos aspirantes es de apenas 44.240 votos.
Sin embargo, los resultados no se han podido proclamar debido a que Fuerza Popular presentó una serie de impugnaciones, como actas observadas y pedidos de nulidad.
Los recursos de nulidad, 943 en total, fueron revisados por los Jurados Electoral Especiales (JEE), las oficinas descentralizadas del JNE, y fueron declarados improcedentes e infundados por haber sido presentados fuera de plazo o carecer de un sustento de fondo.
Desestimados estos recursos de nulidad en primera instancia, Fuerza Popular comenzó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE.
El partido derechista también impulsa acciones ante la justicia ordinaria, como la presentación de un ‘habeas data’ contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con la finalidad de acceder al padrón electoral para verificar la autenticidad de las firmas y resolver recursos interpuestos ante el JNE.
