Al hablar de Autonomía, se hace necesario comprender el origen etimológico de esta palabra, ya que se compone de dos vocablos latinos AUTOS, por sí mismo y NOMOS, ley. Cuando se utiliza este concepto en el derecho público, sirve para designar la ‘‘potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios’’(1), que si bien son parte de un Estado, deben regirse por las leyes expedidas por el poder legislativo y actuar con base en lo establecido en la normatividad interna y por lo regulado por sus propios órganos de gobierno.
Podemos mencionar que existen diversos tipos de autonomía, derivado precisamente de la división de poderes, enmarcados en los preceptos constitucionales, mismos que les otorga la facultad e independencia para su actuar; sin embargo, dado el crecimiento de la administración pública y con la finalidad de regir otros aspectos de la vida social de un país, se ha autorizado dotar de ésta a otras instancias públicas.
Ante la necesidad que tiene el Estado de normar la actividad pública, se ha legislado para dar cuerpo a diversos entes de gobierno autónomos, muchos de ellos por exigencia de la sociedad para dotarles de independencia, y con ello tener la certeza de que su actuación se lleve a cabo sin la influencia de un poder central, como lo es la autonomía educativa, administrativa, de gestión, económica, jurisdiccional, entre otras.
Como se puede observar, resulta necesaria la creación de diversas instituciones con naturaleza evidentemente autónoma, ante este panorama, el Estado mexicano ha legislado para promover la instauración de Organismos Autónomos, que atiendan diversas demandas ciudadanas en diferentes sectores de la sociedad, como son: el Instituto Nacional Electoral (INE); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el Banco de México (BM); la Fiscalía General de la Republica (FGR), entre otros. Al ser nuestro País, una república federativa y en estricto apego a la soberanía de los Estados que la componen, la mayoría de las Entidades Federativas, cuenta con sus respectivos Órganos Autónomos e Independientes, para el buen funcionamiento de la administración y gestión pública.
Consideramos que estos organismos, han sido la respuesta a diversas problemáticas de la administración pública, ya que constituyen espacios para implementar iniciativas y acciones innovadoras, para dar solución a diversas demandas sociales, incluyendo la participación y el dialogo entre la ciudadanía y los entes de gobierno.
Finalmente, es importante mencionar que la creación de organismos públicos autónomos y su función, han dado resultados positivos a la sociedad, ya que el Estado ha depositado en ellos la confianza y responsabilidad de actuar en beneficio de la colectividad.
M. en D. Raúl Flores Bernal
Catedrático Universitario
Especialista en Derecho Electoral y DDHH.
(1) “Derecho, autonomía y educación superior”, Valencia Carmona, Salvador. Instituto de Investigación Jurídicas-UNAM,
