El pasado 3 de mayo es reconocido como el día mundial de la libertad prensa, por lo que es importante reconocer que en las últimas dos décadas, la situación que se vive en el país en relación a la actividad periodística, ha puesto en constante riesgo la vida de quienes componen este gremio, conforme aumenta la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos, ya que esta problemática persiste debido a la participación de servidores públicos y del crimen organizado, impidiendo a los medios de comunicación cumplir su cometido, pues si bien, en el ejercicio de su profesión buscan informar a la sociedad, al realizar su actividad profesional se encuentran en peligro o se les limita a manifestar sus ideas y opiniones, ya que afectan cotos de poder e intereses públicos o particulares.
Para el desarrollo de una sociedad democrática e incluyente, es necesario, que la ciudadanía se encuentre debidamente informada con objetividad, claridad, transparencia y sobre todo con información debidamente validada a efecto de no divulgar noticias falsas (fake news), y para ello, el periodista debe realizar su función con la seguridad y certeza de que el Estado le debe garantizar su derecho al libre ejercicio de su profesión.
Las principales agresiones a un periodista, se dan a partir de que éstos, comprometidos con su labor, rechazan ser parte de círculos de corrupción, al estar comprometidos con sus valores y la ética profesional, evitando ser parte de grupos de la delincuencia organizada, poniendo en riesgo su integridad física e inclusive la seguridad de su familia y del medio de comunicación al cual pertenecen.
El derecho de los periodistas a ejercer su profesión y la libre expresión de sus ideas en relación con su ejercicio profesional, se encuentra plasmado en el artículo 6, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”
Si bien, como se puede advertir este derecho se encuentra garantizado en nuestra Carta Magna, y en la Ley para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, es necesario procurar una mayor difusión y respeto de esta norma con la finalidad de que quienes integran los medios de comunicación, puedan ejercer su profesión en todo momento, y se garantice su vida, integridad, la libertad de expresión, en el ejercicio de su profesión, ya que consideramos que una ciudadanía debidamente informada, podrá ser más participativa en todo proceso de desarrollo social de su comunidad.
Cabe destacar que recientemente en el Estado de México, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, por tal motivo, podemos darnos cuenta de la trascendencia y evolución que trae consigo esta ley, y sobre todo en materia de Derechos Humanos, aportando con estas acciones una mayor protección a la actividad periodística.
En un Estado democrático, como el nuestro, es importante y de la mayor relevancia el papel de los medios de comunicación, ya que su labor fomenta la transparencia, auxilia en el combate a la corrupción, orienta a la ciudadanía y consolida el crecimiento cultural y social, por lo que se debe garantizar el libre derecho de expresión de quienes se dedican a esta noble profesión.
Miguel Ángel Cruz Muciño
Abogado egresado de la Universidad Anáhuac,
Especialista en Derechos Humanos y Derechos Legislativo.
