El imperio de la ley y el combate a la impunidad es lo que genera un pacto social estable y capaz de dar a los ciudadanos condiciones de certeza para vivir en comunidades con retos y necesidades comunes. El Estado de derecho es la piedra sobre la que descansan las economías y sociedades más avanzadas del planeta y reflejan un arreglo de instituciones y leyes que arropan a las personas en cualquier de sus facetas de la vida cotidiana.
En la medida en que el Estado de derecho no es respetado; en la medida que las leyes se aplican por capricho o se hace uso de prerrogativas; en la medida en que los crímenes quedan impunes y las reglas no son observadas por todos, se genera incertidumbre que se traduce en falta de crecimiento económico, de empleos, de construcción de capacidades institucionales desde los gobiernos, y se lesiona lo que más debemos cuidar, la confianza misma que debe existir entre los ciudadanos.
En México, en las últimas décadas se procuró la construcción de instituciones que dieran credibilidad a la interrelación de lo público y lo privado, que limitarán el abuso de la ley por parte de los gobiernos y que empoderaran las causas fundamentales de una república democrática y libre. Esos esfuerzos fueron insuficientes porque ciertamente en el poder judicial no han evolucionado nuestros tribunales y fiscalías para demostrar a los ciudadanos que las leyes se cumplen, y en esa encrucijada, llena de pendientes institucionales y de intentos innumerables por dar la vuelta a la percepción ciudadana, parece tocar el turno a nuevas alternativas que parecieran poner en riesgo lo poco avanzado, generando un nuevo vacío que podría originar aún más dificultades.
La reflexión pega en las esferas de las poderes de la Unión y me parece que durante muchas legislaturas de nuestro congreso, han quedado cortas las visiones y los debates y se ha optado por atender desde lo pasajero de los gobiernos en turno, un aspecto fundamental para el país, que es generar leyes y dar a las instituciones impartidores de justicia capacidades plenas, renovadas y eficientes para perseguir y castigar los delitos que son quizás el mayor pendiente del maltrecho Estado de derecho que tenemos.
Igualmente, a lo largo del camino, se ha desestimado la construcción de capacidades locales, desde las propias instituciones municipales, las más cercanas al ciudadano, para que el imperio de la ley y su cumplimento se sienta en cada calle y colonia. Construir Estado de derecho es la llave mágica que abrirá las puertas al desarrollo definitivo del país.
Mientras esto no suceda no esperemos crecer más ni más rápido, no esperemos más que lo que nos puede dar vivir entre tanta desconfianza.
Al respecto de este tema, la organización no gubernamental World Justice Project (WJP) acaba de publicar el tercer estudio sobre la adhesión de México al Estado de derecho y sus conclusiones son ilustradoras del difícil momento político y social por el que atraviesa nuestro país. El estudio realiza una valoración cuantitativa y cualitativa en las 32 entidades federativas tomando en cuenta los siguientes factores: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.
El estudio señala que si bien algunas entidades como Yucatán, Coahuila y Campeche mantienen buenos índices, la mayoría de los estado o muestran un avance mínimo, o están estancados o van en retroceso.
No pretendo extenderme demasiado sobre los datos que ofrece el estudio, basta decir que aquellos factores relativos a seguridad y procuración de justicia siguen siendo el talón de Aquiles para la mayoría de las entidades. Sin duda es lamentable el círculo viciosos en el que nos encontramos, el país lleva más de una década sumido en esta crisis de violencia y a eso hay que agregar el inestable clima político de nuestros días, que ha mermado otros aspectos de la vida pública que de hecho, también evalúa este estudio, como los límites al poder del gobierno y la importancia de la división de poderes y los organismos autónomos.
Ejercicios como el que hace el WJP, son fundamentales para evaluar y medir el impacto de las políticas públicas y del desempeño de los gobiernos, pese a que a estos no les agrade la idea de ser evaluados y medidos. Estas son herramientas imprescindibles para que los contrapesos y la sociedad civil de cualquier democracia ejerzan una justa y necesaria rendición de cuentas. En ese sentido, la consecución el Estado de derecho, es pues, la estrategia, el camino y la aspiración que puede construir un México más justo y próspero.
