Son preocupantes los prolongados silencios y la ambigüedad mostrada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justica de la Nación, Arturo Zaldívar, respecto al golpe perpetrado contra nuestro Estado Constitucional de Derecho por parte del gobierno. La ruptura del orden jurídico democrático aconteció el pasado viernes cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el artículo décimo tercero transitorio contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía por dos años el periodo de su presidencia, así como los plazos para los que fueron designados los integrantes del Consejo de la Judicatura afines al lopezobradorismo. La decisión impuesta es inquietante porque la Constitución lo prohíbe expresamente y pone en entredicho la independencia judicial. Ahora, la inconstitucionalidad de la medida deberá ser resuelta por el pleno de la SCJN y Zaldívar, si desea salvar el decoro, no puede excusarse de la votación sino que su deber es votar en contra. De otra manera, México se estaría colocando al lado de países autoritarios como Turquía, Venezuela o Egipto donde el gobierno interviene abiertamente en las decisiones de los jueces.
Desde que México proclamó su independencia y durante el prolongado proceso que le permitió erigirse en una Republica Federal, se estableció paulatinamente a nivel constitucional que una de las bases de su organización política y jurídica, así como de su estructura institucional, estaría representada por el principio de la división de poderes. Actualmente, estas conquistas buscan revertirse con la burda injerencia del Ejecutivo en la vida interna de los otros poderes que nuestro máximo ordenamiento constitucional concibe como autónomos e independientes. Ante estas intromisiones se debe recordar que la separación de poderes representa un componente genético del orden democrático. El constitucionalismo se rige por un conjunto de leyes objetivas y por la supremacía de la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes. Además, la Constitución representa la estructura vertebral de una comunidad políticamente organizada, es decir, el orden necesario que deriva de la designación de un poder soberano y de los órganos que lo ejercitan. La Constitución forma parte de la sociedad democrática y se expresa a través de la división de poderes.
El vínculo entre constitucionalismo y democracia siempre ha sido necesario para evitar las degeneraciones autoritarias. Por ello, se deben atender los señalamientos -como el formulado por el Consejo de la Abogacía Mexicana- que alertan sobre la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual incorporó el precedente como elemento vinculante para la adjudicación judicial sin necesidad de reiteración alguna. López Obrador pretende imponer un orden político absoluto buscando establecer mecanismos bizarros para prolongar ilegalmente su mandato. Debemos recordarle que el constitucionalismo es una forma de gobierno que se rige por leyes objetivas y que representa la supremacía de la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes. Es urgente defender la división de poderes y al constitucionalismo democrático en cuanto único freno a los gobiernos despóticos y autoritarios. Tampoco se olvide que los jueces constitucionales de partido solo existieron bajo los regímenes de Adolfo Hitler y Benito Mussolini.
No debemos resignarnos a la afirmación pesimista de que la división de poderes y el imperio de la legalidad en nuestro sistema político han llegado a su fin. Bajo el poderoso argumento de que las leyes y las instituciones no se reforman para favorecer a persona alguna, los mexicanos debemos defender la existencia de un poder jurídico soberano.
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