El pensador griego Platón, refería en su texto la República, que para brindar un servicio público ideal, el hombre debía contar con dos dimensiones internas en su actuar, la primera que refleja su forma de ser como ser humano y la segunda estrechamente relacionada con su condición como ciudadano, por tanto, es importante saber cuál es el papel que desempeña en su entorno social o al interior de una organización pública.
Los derechos fundamentales establecen límites que las autoridades deben acatar para que el Estado de derecho sea una realidad, el sistema jurídico actual debe contar con valores y principios basados en la legalidad que den confianza y certeza para un adecuado funcionamiento entre binomio, gobierno y sociedad.
Como lo expresa Ferrajoli, al referirse al modelo garantista del Estado constitucional de derecho, al advertir que: para que una norma sea válida además de vigente, no basta que haya emanado de las formas predispuestas para su producción, sino que también es necesario que sus contenidos sustanciales respeten los principios y los derechos fundamentales.
La ética en general, tiene relación con la costumbre y la moral, y cuando ambas son puestas en práctica en el servicio público, se crea el concepto “ética pública”, mismo que deben respetar todos los servidores públicos en los distintos órdenes de gobierno para brindar lo mejor de sí mismos en su actividad cotidiana.
La ética pública, se refiere al desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública.
La importancia de esta disciplina destaca al observar los criterios y conductas que deben regir el actuar de cada servidor público y, como resultado conocer el efecto que tiene en la actividad gubernamental y en la calidad de la administración pública. Además es, un importante componente de control de los abusos en el ejercicio del poder público y para combatir la corrupción.
Los comportamientos antiéticos impiden alcanzar los objetivos de las instituciones gubernamentales. Trayendo como consecuencia, la pérdida de confianza de los ciudadanos, por ello es indispensable fomentar valores y principios éticos en los servidores públicos con el objeto de prevenir posibles actos de corrupción.
Para contar con buenas prácticas de la administración pública, se deben tener estrategias definidas que fortalezcan los principios de la ética pública, y consoliden al Estado de Derecho, esto sin duda, traerá como consecuencia que las instituciones se conduzcan con criterios de buen gobierno para alcanzar el objeto de su creación y satisfacer las necesidades colectivas.
Con estas acciones, se pretende colocar en el centro del sistema a la persona y sus derechos fundamentales, con la finalidad de consolidar un cambio integral en el actuar de los servidores públicos que transforme positivamente las acciones de gobierno y se consolide una visión ética y de valores en el ser humano.
Miguel Ángel Cruz Muciño
Abogado egresado de la Universidad Anáhuac,
Especialista en Derechos Humanos y Derecho Legislativo.
