“¿Qué papel del baño usa el presidente y cuánto cuesta?”, preguntó un ciudadano en agosto de 2020. La respuesta de Presidencia de la República, recuerda los memorándum burocráticos de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa.
Esta dice: “A la fecha no se localizó evidencia documental que atienda al requerimiento del solicitante, enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que obran en poder de esta unidad administrativa, sin encontrar elemento alguno que permita advertir o suponer qué se generó en dichos archivos”.
De la respuesta de presidencia se pueden derivar tres grandes conclusiones: en Palacio Nacional no se lleva registro de los gastos que se hacen; no se compra papel del baño o por alguna razón desconocida no se quiere dar la información requerida. La opacidad está a la base de estas tres posibilidades.
Entre diciembre de 2018 y febrero de 2021, la Oficina de Presidencia ha desechado 563 solicitudes de información. En 386 ocasiones diciendo que no existen los documentos, para dar una respuesta. Y en 177 con el argumento de que la demanda no corresponde a la ley.
Queda claro que la política es la opacidad y no la transparencia. Del gobierno federal presidencia ocupa el tercer sitio de negar la información con el argumento de que no corresponde a la ley y el octavo con el de que no existe la información requerida.
El no dar información por parte de la Oficina de Presidencia en los poco más de dos años supera con creces la no respuesta de los gobiernos del presidente Peña Nieto y Calderón. Es evidente que este gobierno es distinto a los anteriores; los supera en opacidad.
De acuerdo al Inai, otras dependencias del gobierno federal tienen el mismo nivel de opacidad que Presidencia de la República: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS, las comisiones Nacional del Agua, la Nacional de Acuacultura y Pesca, la Nacional Bancaria y de Valores.
A estas se añaden el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
El gobierno del presidente López Obrador supera a los anteriores en quejas ante el Inai por negarse a dar la información. Y con relación a los gobiernos anteriores el instituto ha aumentado en 63 % sus intervenciones, para defender el derecho constitucional que los ciudadanos tienen a que se les de la información que solicitan.
