Tras nueve meses de la extradición de Emilio Lozoya a México, donde señaló a políticos de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética, durante el sexenio pasado el panista Jorge Luis Lavalle fue vinculado a proceso, ahora las indagatorias apuntan hacia Ricardo Anaya.
De acuerdo a declaratorias ministeriales del exdirector de PEMEX, el ex candidato a la presidencia recibió sobornos por 6.8 millones de pesos, esto como parte de la operación federal para que los panistas apoyarán la reforma que fue impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.
Estos sobornos fueron pagados con dinero originario de trasferencias de Odebrecht, por lo cual, ahora se iniciarían procesos contra panistas como: Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Osiris Hernández, ex secretario particular de Anaya, así como contra ex directores de Pemex, entre ellos José Antonio González Anaya.
El panista Lavalle fue vinculado el día de ayer a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
En una audiencia que duró 20 horas con 30 minutos, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente Tapia, procesó al ex legislador y le fue ratificada la presión preventiva justificada.
Fuente Tapia, fijó un plazo de 3 meses de investigación complementaria, para que la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR) reúnan sus datos de prueba.
Al ratificarle la prisión preventiva justificada, el ex legislador se quedará internado en el reclusorio norte, en lo que se resuelve el amparo o el recurso de apelación que promueva contra el procesamiento, esto podría tardar meses.
Cabe mencionar que la FGR presentó 37 datos de prueba contra el campechano durante la audiencia, mientras que éste llevó alrededor de 20.
Su abogado José Zapata Altamirano dijo que el juez Fuerte Tapia sólo consideró los dichos de Lozoya y los de Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle, lo que, en su opinión, estos debieron ser considerados ilícitos.
Si bien las declaraciones de los dos operadores de Lozoya fueron agregados a la carpeta de investigación y entregadas a los fiscales, el juez estimó que como se trata de declaraciones rendidas ante la defensa y no ante el Ministerio Público, no tienen el mismo valor.
La imputación tiene como punto de partida la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía, y que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.
El denunciante afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó como sobornos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, principalmente la energética.
Lavalle es uno de los señalados y su subordinado Rafael Caraveo quien declaró que fueron por lo menos 25 millones de pesos, dinero que asegura haber recibido en 15 maletas a nombre del ex senador.
