Por Rosi Orozco
Los tratantes forman parte de un negocio ilícito que obtiene 150 mil millones de dólares anuales en el mundo
Cada temporada electoral, el crimen organizado sale de las sombras y busca ganar más poder en el espacio público. Y los delincuentes que se dedican a la trata de personas no son la excepción.
Los tratantes forman parte de un negocio ilícito que obtiene 150 mil millones de dólares anuales en el mundo. Su poder económico en México es de tal tamaño, que la UIF les ha bloqueado 211 millones de pesos sólo en los últimos dos años. Con ganancias de ese tamaño, es claro que quieren tener garantías de que sus bolsillos estarán protegidos.
Hemos visto que pueden financiar la campaña de un candidato a gobernador para que no intervenga en las zonas de tolerancia donde hay explotación sexual o laboral. Y hemos visto que ponen dinero para que algún alcalde les deje nombrar al jefe de la Policía.
Este año queremos evitar que hagan inversiones más sofisticadas, como diseñar campañas de desprestigio contra todo lo que se les ponga en el camino. Y una de esas campañas podría consistir en atacar a los albergues y refugios para víctimas de este delito.
Estos espacios son la mejor barrera de protección para las niñas y mujeres que tienen expedientes abiertos contra tratantes, muchas veces prófugos de la justicia y que siguen operando en el país. De ellas depende su encierro o su libertad.
Por el conocimiento profundo que tienen esas niñas y mujeres —modus operandi, los lugares donde operan y hasta redes de protección — los albergues y refugios son una amenaza contra el crimen organizado.
Ahí, abogadas, médicos, psicólogas y más sobrevivientes se empoderan unas a otras hasta sentirse listas para denunciar ante las autoridades, el primer paso para alcanzar justicia. Sin un espacio seguro es altamente probable que el crimen organizado intentará amenazarlas, lastimarlas o —peor— asesinarlas.
En México los cálculos más conservadores hablan de 120 mil víctimas de este delito cada año. En realidad, son cientos de miles de más. Y para su atención sólo cuatro entidades cuentan con un refugio gubernamental con una capacidad menor a 30 camas cada uno; el resto de la protección depende de refugios o albergues de la sociedad civil, que se sostienen con donativos y rifas.
Por eso, escuchamos con optimismo y confianza las palabras de la secretaria Olga Sánchez Cordero, quien recientemente confirmó el compromiso de este gobierno por atacar este delito, saldar una deuda histórica con las víctimas y establecer mayor vinculación entre autoridades, albergues y refugios en aras de mayor transparencia.
Se equivocan quienes apuestan a que, aunque la misión sea difícil, vayamos a cerrar nuestras puertas. Al contrario: ya estamos trabajando para que haya un refugio, al menos, en cada entidad de la mano del actual gobierno, candidatas y candidatos de todos los partidos que ya están firmando compromisos contra la trata de personas.
Nos quieren fuera, pero tenemos el corazón más adentro que nunca.
Por Rosi Orozco
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN UNIDOS CONTRA LA TRATA, A.C.
@ROSIOROZCO
