Por Antero Carmona
En los primeros días de marzo del año en curso, la Ley a la Reforma Energética fue aprobada tanto en comisiones como en el Pleno del Senado, en lo particular con 68 votos a favor y 49 en contra, iniciativa que busca fomentar un mercado de libre competencia y bajo condiciones equitativas, así fue externado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que dicha reforma es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permitiendo que no aumenten las tarifas y se garantice el servicio eléctrico en todo el país. No obstante, legisladores de oposición rechazaron la iniciativa, asegurando que se fomenta el uso de energías a base de carbón y combustóleo, atentando contra el medio ambiente.
Dicha reforma, según cuestionamientos de diversos sectores políticos, empresariales y científicos, sólo favorecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generando pérdidas millonarias a las empresas privadas. En este mismo sentido la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que se trasgrede el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el cual prohíbe a los gobiernos favorecer –monopolios– a las empresas estatales.
En México existen 109 compañías privadas generadoras de electricidad –mexicanas, estadounidenses, canadienses y europeas–, siendo las mayores proveedoras de electricidad, las cuales indican que miles de millones de dólares invertidos están en juego, pues las plantas generadoras de electricidad podrían perder su rentabilidad, Reforma que es vista como una seria amenaza a la inversión local y extranjera.
A su vez, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recomendó no aprobar la reforma, ya que podría afectar de manera grave los procesos de competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica, además de presentarse tarifas más altas, que deberán pagar los consumidores o el gobierno mediante subsidios.
De manera general la iniciativa establece que el nuevo orden del despacho eléctrico sería de la siguiente manera: energía producida por las hidroeléctricas; energía producida por otras plantas de la CFE; energías renovables y ciclos combinados de empresas privadas. También obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a modificar o revocar los permisos de autoabastecimiento otorgados.
De forma personal considero que esta Reforma significa un retroceso en la generación de energías renovables, contraviniendo los acuerdos sobre el Cambio Climático, además de posibles violaciones al T-MEC y un alza en las tarifas de electricidad. La modernización y transformación del sector energético nacional no debe poner en riesgo las inversiones, los empleos, el crecimiento económico y mucho menos generar energía con altos costos ambientales. México debe avanzar por un camino sostenible, un camino verde sería una utopía.
