Rubén Aguilar Valenzuela
El gobierno del presidente López Obrador ha sido el más antimigrante de por lo menos los últimos 60 años. Los primeros meses de su gestión tuvo una política favorable a la migración.
La cambió ante las presiones del presidente Trump que amenazó que si en materia de política migratoria México no se alineaba a sus deseos se pondrían aranceles a la importación de productos mexicanos.
López Obrador cedió sin nada a cambio. A partir de ese momento la política migratoria de México la dictó el gobierno de Estados Unidos. Con la alternancia de gobierno en ese país las cosas no parecen haber cambiado.
El pasado viernes 19 de marzo, ante el aumento creciente de la migración de los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, pero sobre todo Honduras, el gobierno mexicano decretó el cierre de la frontera sur.
La cancillería anunció que esta medida estará en vigor para el tránsito no esencial, por lo pronto, hasta el 21 de abril de este año. Para justificar la decisión se alegan razones sanitarias en el marco de la pandemia.
De acuerdo a The New York Times el actual gobierno de Estados Unidos está “presionando silenciosamente”, al gobierno mexicano para que detenga el aumento del flujo migratorio de los centroamericanos.
En algo nunca antes visto, el operativo antimigrante inició con un desfile en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, de los elementos del INM y de la Guardia Nacional destinados el cierre de la frontera.
El comisionado de migración argumenta que esta política, claramente antimigrante, tiene como objetivo, “salvaguardar los derechos e integridad de los menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas” que son usados por el crimen organizado.
Los padres de esos niños los envían, a pesar de los peligros, en el intento de que salgan de las condiciones de violencia, inseguridad y miseria en la que se desarrollan sus vidas en la Centroamérica de hoy. Van en busca de un futuro mejor. México les cierra el paso.
El periódico El Universal (21.03.22 y 23.03.2 1) ha podido constatar que los migrantes han abierto nuevas rutas clandestinas más peligrosas en el intento de violar el operativo de seguridad de las autoridades mexicanas y llegar a Estados Unidos.
Analistas mexicanos y estadounidenses de las relaciones entre los dos países sostienen que los 2.5 millones de vacunas Astra Zeneca que el gobierno de Estados Unidos “prestó” a México es en pago al cierre de la frontera sur.
Si es así, en esta ocasión, el gobierno del presidente López Obrador a cambio de su política antimigrante solicitó un pago y el gobierno de Biden lo concedió. Para el actual gobierno de México cerrar las fronteras tiene un precio.
Me indigna y avergüenza ver como la Guardia Nacional (GN) se dedica a “cazar” migrantes centroamericanos no solo en la frontera sino en los aeropuertos del país.
Twitter: @RubenAguilar
