Antes de la reforma eléctrica que hoy está judicializada, la Corte se había pronunciado en contra de 22 disposiciones de la política energética
La queja pasó a la oficialía de partes y el juez Juan Pablo Gómez Fierro será investigado. La razón o sinrazón: otorgó la primera suspensión provisional contra la reforma eléctrica. El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, respondió a la carta en que el Poder Ejecutivo le pidió hacerlo, pero no sin antes dejar clara su posición con respecto a los jueces federales:
“Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
Para el reconocido jurista, Raúl Carrancá, el punto es muy claro: “¿Es jurídico lo que hizo el juez? Absolutamente. ¿Está usted de acuerdo o no? No viene al caso porque es el punto de vista del juez. En las audiencias, las partes presentarán los argumentos que tengan procedentes pero el juez actuó conforme a derecho absoluta y totalmente”.
Se espera una oleada de más de 300 amparos en estos días. En San Lázaro, el PRD propone que la Suprema Corte los atraiga y resuelva en bloque para “evitar la persecución del Ejecutivo contra los jueces que otorguen suspensiones en esa materia”.
Si bien las decisiones de los jueces han sido cuestionadas en muchos momentos y circunstancias. ¿Es este el momento de desacreditar instituciones cuando lo que necesitan es toda su fortaleza y coordinación para que sea la ley la que prevalezca? El derecho de ir a los tribunales a dirimir controversias es fundamental.
Antes de la reforma eléctrica que hoy está judicializada, la Corte se había pronunciado en contra de 22 disposiciones de la política energética que había impulsado previamente el gobierno por ser contrarias a la transición hacia las energías renovables y la competencia económica en detrimento del mercado.
El enfoque gubernamental es que su intención no es esa sino terminar con los llamados contratos leoninos que, afirma continuamente, dañan al erario. Uno de ellos, exhibido recientemente, fue establecido en 2010 por la administración de Felipe Calderón con la empresa Braskem Idesa, filial de Odebrecht, que ha ocasionado pérdidas a Pemex por 13 mil 749 millones de pesos en 5 años, en que ha pagado precios preferenciales por una cantidad de gas etano que además la empresa estatal no era capaz de proveer completa, ocasionando así penalidades señaladas en el contrato.
El jefe del Ejecutivo ha señalado a otras empresas como Iberdrola, a la que señala no solo de tener un contrato con el que vende cara su electricidad a la CFE sino que además obtiene subsidios gubernamentales que, si bien no son ilegales, sí son abusivos y leoninos.
La discusión es de mucho fondo. ¿Se justifica dejar atrás las energías limpias y la competencia por las acciones abusivas de gobernantes y empresas señaladas de corrupción? ¿O mejor deberían establecerse mecanismos de transparencia y buenas prácticas?
La otra cara de la moneda es que los impactos de la reforma eléctrica ya publicada son muchos, en muchos sectores. En el financiero, la banca ha otorgado financiamientos considerables para proyectos en los que se han invertido cerca de 40 mil millones de dólares que hoy están a la deriva. Ahí está involucrada la banca, diversos fondos de inversión e incluso una buena parte del ahorro para el retiro de miles de trabajadores mediante sus afores.
Más aún, la Concamin calcula que la industria consume el 63 por ciento de la energía eléctrica del país y ahora tendría que pagar 60 mil millones de pesos adicionales por ella al año, dado que la CFE la produce mucho más cara y de manera mucho más contaminante.
Si la discusión pública no fue suficiente, si las dos cámaras del Congreso pasaron la reforma aún con oposición y si el Ejecutivo la promulgo, la siguiente instancia es el Poder Judicial. Lo sano es dejar a un lado la politización y que resuelva institucionalmente.
Por Adriana Delgado Ruiz
@ADRIDELGADORUIZ
