Guadalupe está atrapada en un callejón de burocracia e impunidad. No obtiene la atención mínima necesaria para su hija
Tiene 14 años, pero su desarrollo es el de una bebé. No nació así. El estado de Arely es consecuencia de una muy grave negligencia médica en el Seguro Social. Y peor aún, lleva toda su vida siendo víctima de más indolencia en el sistema de salud y de la burocracia que empeoran cada vez más su muy precaria salud.
A los 14 meses de edad se le detectó un tumor maligno en el hígado, por lo que fue ingresada en urgencias del Centro Médico La Raza. La cirugía realizada por el doctor José Luis Quintero fue exitosa así que inició su recuperación en terapia intensiva donde permaneció 41 días. Al salir, presentaba espasmos y convulsiones.
La madre de Arely, Guadalupe García, hizo todas las preguntas y sólo enfrentó trabas e intimidaciones del entonces director del hospital, Jaime Antonio Zaldívar Cervera; el jefe de terapia intensiva, Arturo Torres; y el jefe de turno, de apellidos Lecona Vite, de acuerdo con su gafete.
Guadalupe investigó implacable, por el bien de su hija, hasta que supo que en una sesión de rayos X habían mantenido machucada la cánula que daba oxígeno y que habían sido necesarias maniobras de resucitación para mantenerla viva. Eso le causó cuadriplejia, que es la parálisis cerebral más grave e involucra rigidez severa en brazos y piernas, además de un cuello débil.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico determinó que sí hubo negligencia, sin embargo, el camino ha sido sinuoso tanto en lo jurídico como en lo clínico.
Una de las medidas precautorias es que Arely ya no continúe su tratamiento donde la dañaron, sino en el Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Pero entre el COVID-19 y la mentalidad de “no es mi problema”, también ahí ha sufrido descuidos.
Si bien debe recibir los medicamentos necesarios, no siempre los hay. El fisioterapeuta no consideró su condición cuadripléjica y le zafó una pierna. Fue necesario enyesarla y mantenerla en una sola posición por dos meses, lo que le ocasionó llagas. Requiere de prótesis en sus extremidades para inhibir su deterioro, pero los especialistas dicen que están saturados de trabajo.
La alimentación de Arely es mediante una sonda que últimamente le ocasiona problemas de vómito, lo que tampoco le han atendido porque no hay citas médicas disponibles, tampoco para atenderle las continuas convulsiones. La vigilancia oncológica que debe tener cada dos años para prevenir un nuevo tumor, tampoco se le ha practicado desde 2014.
El juzgado ordenó que el IMSS le asignara una enfermera en su domicilio dado el cuidado riguroso y especializado que necesita, pero no lo ha hecho.
¿Qué tiene que suceder en el sistema de salud para que no haya casos como el de Arely? ¿Qué tiene que pasar para que el Estado asuma la responsabilidad y le dé la atención que humana, moral, médica y legítimamente merece? ¿Cuándo tendrá justicia?
Guadalupe está atrapada en un callejón de burocracia e impunidad. No obtiene la atención necesaria para su hija, pero si busca otras alternativas sólo encuentra puertas cerradas.
Este caso no es un hecho aislado. En julio pasado se confirmó la muerte de una paciente en el Hospital General Regional del IMSS en Ecatepec, donde le negaron la atención por una cetoacidosis diabética. La CNDH dijo que se acreditaron violaciones a sus derechos humanos a la salud y a la vida, “atribuibles a personal del HGR-196”.
Hace apenas 20 días, en el Hospital General de Zona 46, en Villahermosa, Tabasco, otra negligencia ocasionó la muerte de una mujer hipertensa, con fiebre y dificultad respiratoria, luego de que fue devuelta a su casa con débil diagnóstico de infección de vías urinarias.
En serio, ¿qué tiene que pasar para que no sean esta clase de historias las que marquen el desempeño del sistema de salud?
Por Adriana Delgado Ruiz
@ADRIDELGADORUIZ
