Por: Daniel Vergara.
El 10 de julio de 2011; fue una fecha relevante para la impartición de justicia en todo el territorio mexicano, pues se promulgo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con ella se generó un bloque de derechos que se integraron a los ya establecidos en la propia Constitución.
Además con los derechos contenidos en los tratados internacionales de los cuales México forma parte, con la susodicha reforma se pensaba que se robustecería aquella innovadora legislación penal publicada el 18 de junio de 2008, con la cual se garantizaba el debido proceso, la presunción de inocencia y se avalaba la libertad para los que eran señalados de cometer un delito en su proceso, dejando la prisión preventiva como la última ratio.
Desde la perspectiva de las cárceles, donde se anhela a reformar o modificar al delincuente, no es posible cuando nosotros mismos como sociedad democrática no somos capaces de respetar lo ya regulado.
“Lo más horrible que en el mundo existe, es la justicia alejada de la caridad”. Pues nuestras instituciones no valen sino por lo que valen los hombres.
Seria de sumo interés, que los jueces y magistrados al momento de emitir sus determinaciones tomaran en consideración lo ya regulado, pues la prisión preventiva se ha convertido en una situación sumamente complicada y contradictoria, donde por cualquier delito, por mínimo que parezca, ya privan de la libertad a cualquier ciudadano a petición de la fiscalía, sin argumento sólido que robustezca su solicitud.
En sus orígenes, las cárceles tuvieron la finalidad de ofrecer una mera sanción y posteriormente se le ha impuesto la obligación de proteger a la sociedad, estigmatizando a quienes son considerados como dañinos para la comunidad, reprochándoles su conducta delictiva, incluso sin tener una pena que determine su culpabilidad.
Por lo cual la prisión justificada en su aplicación en al ámbito judicial por parte de diversos jueces, ha sido el mecanismo idóneo como venganza social y política.
En donde los inocentes acuden a prisión y los culpables quedan libres de toda acusación, el poder judicial requiere jueces valientes como antaño, donde cubran sus vestiduras impartiendo justicia en nombre del pueblo y no en beneficio de algunos particulares.
El juez encargado de impartir equidad en el territorio mexicano, tiene el deber de dar a la sociedad una vida apacible, zanjando los debates políticos y acallando a los medios de comunicación, donde estos alzan la voz exigiendo cárcel a cualquier mexicano sin tener el más mínimo conocimiento jurídico de lo que argumentan.
En México, no se concibe la penitenciaria como un espacio para castigar y mucho menos para rehabilitar, queriendo reinsertar al delincuente, cuando no se rehabilita la prisión, contraviniendo lo dispuesto en nuestro artículo 18 constitucional, donde no hay un mínimo respeto a los derechos humanos de los indiciados.
“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”
Nelson Mandela.
Licenciado Daniel Vergara Arias
Abogado Penalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados
“Foro de México”. A.C.
@DanielV13802115
