El Principado de Andorra expropió 2 mil millones de euros a los 23 inversionistas mexicanos que vieron sus fondos bloqueados al ser intervenida la Banca Privada d´Andorra (BPA) en 2015, sin que hubiera algún juicio jurídico que demostrara que el origen de los recursos fuera a través de lavado de dinero.
“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, afirma el abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico Cohepza.
El experto en litigio internacional sostiene que los 23 mexicanos afectados no pueden acceder a sus ahorros desde hace cinco años.
Aseguró que los recursos afectados son producto de años de trabajo, herencias e inversiones, entre otros.
