El medio ambiente y su protección son temas indispensables para poder proteger a las especies vivas de nuestro planeta. Hay muy pocas personas que cuestionan que este tema es prioritario para frenar la desertificación, cuidar el agua como recurso de supervivencia y por supuesto mantener la vida tanto en la tierra como en nuestros océanos.
En 1972, se declara el 5 de junio como el día Mundial del Medio Ambiente, al mismo tiempo que se crearía el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
No es hasta veinte años después que se celebraría la “Cumbre de la Tierra” de 1992 en Río de Janeiro, cumbre en la que, los países asistentes, impulsarían tratados internacionales respecto al cambio climático, la desertificación y la biodiversidad que sentarían las bases para impulsar incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el año 2015 se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que implican entre otras cosas mejorar el medio ambiente y generar empleos verdes que permitan recuperar el deterioro de nuestro planeta. Los Objetivos relacionados son varios y de los que podemos citar son los siguientes: ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico; ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12 Producción y consumo responsable; ODS 13 Acción por el clima; ODS 14 Vida submarina; ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres.
En este sentido la mayoría de los países han desarrollado legislaciones que buscan proteger al medio ambiente. Pero una cosa es la ley y otra, que esta se cumpla cabal y puntualmente. Sin duda la mayoría de los países con retrasos están concentrados en países del continente africano y en américa latina.
Para medir estos contrastes entre la realidad y la legislación, particularmente en México, la organización no gubernamental WJP, “World Justice Project” ha desarrollado un estudio en el que midió el grado de cumplimiento de la legislación en materia medio ambiental y, que es revelador.
En el estudio titulado “El Estado de Derecho como defensa para el medio ambiente”, WJP señala que, “A pesar de contar con un marco legal que en papel protege al medio ambiente, en México existe una brecha entre las leyes ambientales y la práctica. De hecho, según los resultados del Índice de Estado de Derecho en México, la regulación medioambiental es la que se aplica de forma menos efectiva en los estados del país Los resultados muestran desafíos en todas las formas de regulación incluidas en el Índice, pero se debe prestar especial atención en la medioambiental, ya que en 22 estados del país es la que se aplica de manera menos efectiva, mientras que en los 10 restantes es la segunda menos efectiva, solo detrás de la regulación en materia laboral. Específicamente, ningún estado del país logra sobrepasar una calificación de 0.4 en una escala de 0 a 1, donde 1 significa un mayor cumplimiento regulatorio en materia medioambiental. En este aspecto, Querétaro (0.37), Colima (0.34), Baja California Sur (0.33), Coahuila (0.33) y Quintana Roo (0.32) registran los puntajes más altos. Por otro lado, Tabasco (0.17), Michoacán (0.17), Guanajuato (0.17), Sinaloa (0.18) y Morelos (0.19) se encuentran al final de la clasificación” (WJP 2020)
Los resultados del estudio y que invito al lector a revisar, revelan que para México y sus actores, tanto públicos como privados, el cumplimiento de la legislación medio ambiental ha pasado a un segundo término y que la administración en turno debe poner atención en cómo se aplica la ley, más que en el contenido de la misma ley. Espero que, por el bien de todos, las diversas administraciones públicas pongan atención porque el reloj, sigue su curso y nuestros ecosistemas no son infinitos.
Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
Derecho Internacional
@cgonblanc
El lector puede consultar el estudio de WJP en:
https://worldjusticeproject.mx/el-estado-de-derecho-como-defensa-para-el-medioambiente/
