La opción digital significa juicios más rápidos y más transparentes, pero se requiere inversión.
La llaman un“acto de rapiña constitucional”, una “consolidación del presidencialismo en el Poder Judicial” y hasta preguntan cuántas órdenes de aprehensión fueron necesarias para presionar.
La Reforma Judicial se topó con antagonismos en la oposición en el Senado, pero aun así logró la mayoría calificada necesaria para los cambios constitucionales, con votos del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de Morena.
¿Qué tanta resistencia debe enfrentar una reforma para sentirse legítima y libre de intereses ocultos?
En diversos sentidos el sistema de justicia está colapsado, enfrenta problemas serios de corrupción y no es pronto ni expedito. Una reforma de fondo es una necesidad urgente. También tiene que modernizarse. El acceso vía digital significa juicios más rápidos y mucha más transparencia, pero eso exige grandes inversiones de presupuesto en portales web seguros y digitalización de documentos y trámites, lo que implica equipamiento y capacitación para todo el personal de juzgados y tribunales.
El primer gran problema con la justicia es tener acceso a ella. Todos estamos en la encrucijada.
Un asunto legal no sólo es un delito, sino una gama amplia de temas civiles, administrativos, laborales, etc. 40 por ciento de quienes afrontan alguno sufren un impacto: 24 por ciento en su salud, 25 por ciento en lo económico y 11 por ciento en sus relaciones personales, entre otras consecuencias, de acuerdo con un estudio de World Justice Project en México.
Sólo tres de cada 10 personas obtienen asesoría.
De ese total, 39 por ciento la reciben de parientes, amigos o conocidos; 29 por ciento de algún abogado o servicio especializado, y 32 por ciento restante de alguna oficina gubernamental, trabajo social o alguna organización sindical, civil o religiosa.
La Reforma Judicial que ahora debe discutir la Cámara de Diputados tiene que pasar necesariamente por el tema del acceso.
Un punto muy relevante es el rol que juega la defensoría pública. Cuatro de cada 10 presos están sin una sentencia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y muchos pasan años así.
Una estadística reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es muy reveladora. Sólo 44 por ciento de los imputados que enfrentaron su juicio, representados por un abogado privado o de oficio, obtuvieron sentencias favorables.
En cambio, entre los pocos que decidieron asumir su propia defensa, 80 por ciento salió libre.
Un indicador muy claro de la eficacia real de los abogados litigantes e incluso del nivel de corrupción que hay en ese ámbito.
La otra cara de la moneda en cuanto al acceso a la justicia es la total falta de ella. El Índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas ubica a México en el lugar 60 de 69 países en un ranking que considera delitos denunciados y castigados, homicidios por cada 100 mil habitantes y otras variables.
El punto 9 de la Guía Ética para la Transformación de México, presentada recientemente, dice que “quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió”.
Detengámonos un momento y reflexionemos con un poco de empatía, ¿de verdad es posible para una madre perdonar al recibir el cuerpo de su hija víctima de feminicidio? ¿Para una familia el asesinato de su padre? ¿Las secuelas de un secuestro o de una extorsión? Es cierto, el punto 10 subraya que “no se debe enfrentar el mal con el mal”.
Pero también queda claro que la justicia es un principio moral que implica dar a cada uno lo que le corresponde, incluyendo la sanción de un delito y la imposición del pago de una deuda con la sociedad.
Ese es el objetivo del Poder Judicial.
POR ADRIANA DELGADO
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@ADRIDELGADORUIZ
