Grupos pro migrantes obtienen amparo el cual impide a la policía municipal de Tijuana, Baja California, detener sin sustento legal y remitir al Instituto Nacional de Migración (INM) a extranjeros como fue ordenado en su momento por el ex alcalde panista Juan Manuel Gastélum.
En el amparo con número de expediente 1957, iniciado en noviembre de 2018, el juez del Poder Judicial Federal concluyó brindar la protección de la justicia a todo extranjero que pise esta ciudad fronteriza, independientemente de su condición legal en el país.
Con este logro judicial, los activistas formaron el Colectivo 1597-Tj, cuya finalidad es vigilar el cumplimiento del amparo en la actual administración municipal a cargo de Arturo González Cruz.
“También se establece que no se puede hacer la entrega al INM, en base exclusivamente a esta resolución, porque la ley no extiende, no respalda ese tipo de actividad. Y en México lo que no está en la ley, es ilegal para las autoridades hacerlo”, expresó Graciela Zamudio, presidenta del organismo Alma Migrante.
Al respecto, Ginna Garibo, la representante de Comunidad de Amigos Americanos, sostuvo que hoy ningún agente preventivo de Tijuana “puede realizar ninguna acción de verificación, ni de control migratorio y así mismo no puede remitir o entregar (a un extranjero) a autoridades migratorias para su presunta deportación”.
