La reciente inclusión del Ejército Mexicano en tareas ajenas a las que corresponden a seguridad nacional, tal como señala expresamente la constitución, se ha pretendido argumentar que forma parte de nuevas actividades que “inciden en la preservación de la seguridad del Estado, de la sociedad y de la gobernabilidad democrática del país“ y se aduce que los conceptos doctrinarios modernos sobre el tema señalan, por ejemplo, que “la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
Esta argumentación de la administración actual para justificar la inclusión de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior —que cabe recordar fue severamente combatida por Andrés Manuel López Obrador en su condición de líder opositor— se ha venido extendiendo de manera forzada para justificar también la asignación a las fuerzas armadas de otras actividades civiles que van desde la tarea de construcción de obras públicas de interés prioritario y propagandístico de esta administración, que van desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, 2700 sucursales del Banco del Bienestar y su equipamiento, construcción de dos tramos del Tren Maya y reconversión de hospitales públicos, hasta la creación de viveros para el programa Sembrando Vidas, resguardo y control de las aduanas del país, control de puertos, protección de ductos de Pemex, aplicación de medidas antiinmigrantes, distribución de libros de texto gratuito y medicamentos, entre otras, cuya realización encontramos imposible de justificar en esta pirueta retórica que habla de la “seguridad interior” como una extensión de la seguridad nacional que sí es atributo constitucional de las fuerzas armadas.
El uso del Ejército y la Marina Armada de México en este giro diametral experimentado en la planeación del presidente López Obrador respecto a su idea original que contemplaba, incluso, la desaparición del Ejército (1ª de julio del 2019), al cual había calificado en su momento de represor y responsable de los hechos de Ayotzinapa, ha encontrado también severos cuestionamientos desde el interior del propio organismo armado, recordemos la severa crítica que el General Carlos Gaytán Ochoa pronunció en nombre de los altos mandos de la institución a finales del 2019 en un evento que congregó a los mandos superiores del Ejército Mexicano. En esa ocasión señaló de manera contundente: “Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y como soldados”, señalando a continuación que “actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento”. El discurso también hizo referencia al debilitamiento de los contrapesos institucionales en beneficio del poder ejecutivo y en una aseveración que cimbró al gobierno de la 4T, terminó señalando que la lealtad del ejército es al pueblo de México y no a una persona. Este evento propició incluso que el presidente, en una reacción, quiero pensar, irreflexiva respecto de su gravedad para el país, alertara a la sociedad respecto de un posible golpe de Estado y se refugiara en el “apoyo del pueblo” a su gestión.
Esta relación accidentada que AMLO ha sostenido con el ejército debe incluirse en el contexto de la detención por autoridades norteamericanas del General Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dado que se llegó a asegurar que la fuerte influencia de este General en los mandos y tropa del Ejército Mexicano, consentía al menos este malestar de las fuerzas armadas con el gobierno de la 4T. Sin que existan, por supuesto, los correspondientes elementos de prueba. En esta sintonía, debe señalarse también la lamentable declaración del presidente quien, a bote pronto, y en relación con la detención del General señaló en su mañanera del viernes pasado que “todos los involucrados con Cienfuegos serán suspendidos del ejército”.
Durante muchos años se han realizado acusaciones a elementos de las fuerzas armadas respecto a su posible vinculación con organizaciones criminales que han terminado en la consignación judicial de otros Generales como José de Jesús Gutiérrez Rebollo, Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo, entre los mas destacados por su jerarquía militar, sin embargo la falta de transparencia en los procesos judiciales realizados a estos personajes y a otros mandos medios y elementos de tropa de la SEDENA por diversos delitos, lastimaron la credibilidad que las fuerzas armadas representan para la sociedad.
El gobierno federal debe asumir la responsabilidad de exigir al gobierno norteamericano la estricta legalidad en el proceso del General Cienfuegos e investigar a fondo la real operación de la DEA en territorio mexicano y sus vínculos con los carteles de la delincuencia organizada en el país, para ofrecer a la sociedad mexicana total claridad del escenario binacional en que se gestan estos preocupantes hechos. ¿La relación de amistad con el presidente norteamericano tan preciada para el gobierno mexicano les permitirá asumir una posición de estado en este trascendental proceso? Ya lo veremos .
