● La exposición pública de contribuyentes que tienen litigios contra créditos fiscales viola derechos humanos, mismos que exigimos respetar
● La “política” de asumir que todos los contribuyentes son “delincuentes” viola la presunción de inocencia
● La emisión de “cartas invitación” o “exhortos” sin fundamento legal, no sólo va en contra del marco constitucional mexicano, sino que permite continuar con la “política” de intimidación a los contribuyentes, quienes muchas veces se enfrentan al dilema de pagar lo indebido en aras de seguir operando
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estamos a favor de la lucha contra la evasión fiscal, pero no podemos permitir que las autoridades fiscales partan de la base de que todos los contribuyentes son defraudadores fiscales, ya que esta premisa viola los derechos humanos de los pagadores de impuestos.
Asimismo, vemos con mucha preocupación que la política de recaudación de las autoridades fiscales ha dejado de tener como base exclusiva las normas constitucionales y legales que les permiten ejercer sus facultades, para convertirse en una “política” de presión e intimidación a los contribuyentes.
Lo anterior se observa desde el año pasado en el que se aprobó la llamada reforma fiscal-penal, que no solamente está dirigida a las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas o inexistentes (conocidas coloquialmente como EFOS o empresas “fantasma”), sino a cualquier contribuyente que haya cuestionado la imposición de algún crédito fiscal o que la autoridad detecte -de manera presuntiva-, que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales.
No debemos dejar de lado que la reforma fiscal-penal incluyó a la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, como un útil instrumento para atemorizar y coaccionar a los pagadores de tributos que son considerados por las autoridades fiscales como defraudadores pertenecientes a la delincuencia organizada.
Al respecto, es necesario recordar que la COPARMEX presentó un “amicus curiae” (amigo de la Corte) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para expresar su posición sobre dicha reforma en el marco de las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos legisladores, mismas que a la fecha no han sido resueltas.
De igual forma, las propuestas de reforma fiscal para 2021 ilustran tal “política” de calificación de los contribuyentes como defraudadores fiscales. Basta recordar la intención de darle efectos penales a la recaracterización de operaciones que a juicio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) carezcan de razón de negocios (cláusula general anti elusión) y el aumento de hipótesis para la procedencia de la cancelación de certificados de sellos digitales, sin que exista una sentencia firme de autoridad judicial.
Finalmente, resulta inadmisible que la propia jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, declare (El País, 4 de octubre de 2020) que “la mañanera es la mejor oficina de recaudación del país”, ya que muestra la “línea” de presión e intimidación que el Gobierno actual ejerce sobre los contribuyentes.
Afirmaciones como la relativa a que “no hay demora en las devoluciones de saldos a favor porque serían los propios funcionarios fiscales los que pagarían con su peculio los intereses devengados a favor de los contribuyentes”, evidencia no sólo el poco aprecio hacia la situación actual de aquellos contribuyentes -que necesitan sus flujos de efectivo para hacer frente a los estragos propiciados por la pandemia-, sino también el poco respeto que se tiene hacia el papel de los funcionarios, así como a sus derechos laborales.
El hecho de que los asuntos fiscales no terminen en la Procuraduría Fiscal de la Federación como lo comentó la jefa de SAT, no significa que no existan actos para infundir miedo en los contribuyentes, siendo hoy por hoy la extorsión, la amenaza y la presión por parte de las autoridades administrativas fiscales, lo que representa el propio miedo que sufren los contribuyentes, quienes prefieren pagar cantidades que no adeudan para que no se configure la prisión preventiva oficiosa con la que se les amenaza e intimida.
En la COPARMEX exhortamos al Gobierno Federal y, en particular, a las autoridades fiscales a respetar los derechos fundamentales y a no prejuzgar a los contribuyentes que sí cumplimos, por los que viven en la ilegalidad fiscal.
