La historia nos ha dado lecciones que no debemos perder de vista. Si algo nos dejó el Fobaproa de 1995 y su manejo del rescate bancario, fue opacidad en la conversión de una deuda privada en pública, equivalente al 14.5 por ciento del PIB más intereses onerosos que seguiremos pagando hasta el año 2070 dado que todavía faltan 2 billones (millones de millones) de pesos.
También hemos tenido fondos para el rescate de carreteras concesionadas, cambio de administración federal y hasta uno en la Lotería Nacional para apoyar a las fundaciones de partidos de oposición.
Actualmente, ¿para qué se necesita un Fondo Nacional de Seguridad Para Cruces Viales Ferroviarios que este año recibiría 141 millones de pesos cuando un problema peor es el huachicoleo?
El Conacyt tiene 65 fideicomisos que suman 27 mil 500 millones de pesos. Su directora, María Elena Álvarez–Buylla, ha denunciado que en las administraciones pasadas el 40 por ciento de esos recursos se transferían a privados. Estudiantes e investigadores de excelencia no gozan de una beca mientras hijos y allegados de políticos “neoliberales” sí las han obtenido para estudiar en universidades de abolengo mundial. También ha sucedido en la Conade. Grandes atletas de alto rendimiento que no reciben apoyo alguno cuando el Fodepar dispone de 345 millones de pesos anuales. La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades ahí por 50.8 millones en febrero pasado.
El asunto de los fideicomisos es mucho más grande que los 68 mil 400 millones de pesos que representan los 109 cuyo futuro está ahora en manos del Senado. De acuerdo con datos de la cuenta pública de 2018, 2019 y el presupuesto de este año, hay en total 835 mil millones de pesos en 375 de esos instrumentos, que significan el 13.7 por ciento de todo el gasto o el 3.3 por ciento del tamaño de la economía mexicana. Es, por ejemplo, casi 80 veces lo destinado al desarrollo social en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados con mayor pobreza en el país.
De los 375 fondos y fideicomisos públicos, solo 19 tienen una estructura orgánica con información sobre sus ingresos, egresos y disponibilidad financiera, de acuerdo con un estudio del think tank Fundar, que ha hecho más de 2 mil solicitudes de acceso a la información y se ha encontrado con que los datos están dispersos y fragmentados entre entidades, y en muchos casos son inaccesibles dado que gozan de la protección legal del secreto bancario y fiduciario.
Los recursos de 123 fideicomisos generaron intereses, ¿a dónde fueron a parar?
Los técnicos especializados del gobierno deberían publicar oportunamente la información de manera clara y puntual para explicar en qué consiste una iniciativa de esta magnitud. De esa manera se evitaría el desgaste innecesario de la investidura presidencial, exponiéndola a discusiones que terminan desviándose del punto central.
La desaparición de un fideicomiso no significa que un gasto deje de ejercerse. ¿Qué hacer para evitar más corrupción y que el dinero llegue a quien tiene que llegar?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX
@ADRIDELGADORUIZ
